LAS DIFERENCIAS PROGRAMATICAS CON VARGAS Y FAJARDO EN POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

En aras de ampliar el debate con el candidato Germán Vargas sobre la política de seguridad me permito entregar este documento a la opinión pública. Nos endilga Germán Vargas: 1. Que la inseguridad subió en la Bogotá Humana y 2. Que buscamos la impunidad cuando criticamos su propuesta de seguridad para Colombia. En ambos conceptos se equivoca el candidato, pero nos permite aclarar los conceptos de nuestra propuesta como los vacíos de la suya.

Veamos los resultados de la encuesta “Bogotá Cómo Vamos” que permite un hilo histórico y que al basarse en una muestra estadística logra un mejor acercamiento a la realidad que las denuncias bastante volátiles que los bogotanos realizan cuando sufren un delito.

Victimización directa 2009:2017Como puede apreciarse la victimización directa en el 2015, es decir, el porcentaje de la población que fue víctima de algún delito en el último año, fue la mitad del 2009; la tasa de victimización se redujo permanentemente en mi gobierno, y volvió a saltar hacia arriba en el gobierno de Cambio Radical con Peñalosa.

Las cifras de la encuesta son coherentes con los resultados que la empresa “El Corte Ingles” contratista del gobierno nacional y que recopila los datos de reportes de hurto entregados por clientes a las empresas de celular y que es una base de datos más confiable que las denuncias. Para 2015 dijo la empresa que el hurto de celulares se había reducido en un 33% en Bogotá, siendo este delito el que explica la mitad de la victimización directa en Bogotá.

Estas cifras no solo muestran que Germán Vargas esta desinformado de la realidad de la seguridad en la ciudad de Bogotá, sino que además nos llevan a un análisis más profundo. ¿Qué explica el éxito de las medidas de seguridad en el gobierno de la Bogotá Humana y por qué fracasan las medidas de seguridad del gobierno de Cambio Radical en la ciudad en los años 2016 y 2017?

¿Y que tiene que ver este cambio de política y de resultados con las propuestas presidenciales?

Desde mi experiencia al frente de la ciudad de Bogotá entre el 2012 y el 2015 y como candidato presidencial, me permito plantear una crítica a las propuestas de seguridad del candidato Vargas Lleras y en la menos elaborada de Sergio Fajardo. Estas propuestas solo miran el aspecto de la represión del delito y no miran las causas para erradicar el delito.

No es que la Colombia Humana plantee la impunidad o no atacar el delito con la fuerza del Estado como falsamente nos endilga Germán Vargas, sino que, a diferencia de Vargas y Fajardo, pensamos en una estrategia integral.

Vargas Lleras propone como primera estrategia de seguridad la lucha contra la impunidad a partir de

  1. Tener Fiscales en las estaciones de policía y aumentar la cobertura territorial y los horarios de la fiscalía.
  2. judicializar y encarcelar menores desde los 12 años
  3. Meter el INPEC en la policía
  4. Castigar la reincidencia
  5. Endurecer la cárcel

Como segunda estrategia plantea fortalecer la policía así:

  1. Policía rural
  2. Aumento del pie de fuerza
  3. Fortalecimiento de la escuela policial
  4. La carrera del patrullero
  5. Cuadrantes móviles y cuadrantes virtuales
  6. Voluntarios en seguridad

Como tercera estrategia una micro gerencia por delito así:

contra el Hurto de celulares

  1. Endurecer las penas
  2. Prohibir porte de arma blanca
  3. Producir afectaciones técnicas que hagan difícil el beneficiarse del hurto del celular

Contra micro tráfico

  1. Extinción del dominio del lugar donde se venda estupefacientes
  2. Judicialización del consumo más allá de la dosis mínima

Contra el homicidio

  1. Prohibición del porte de armas de fuego y blancas
  2. Cierre de establecimientos públicos en determinados lugares de alto nivel de homicidio

Contra el hurto

  1. Endurecer penas por hurto calificado
  2. Empadronamiento de la población por la policía

Contra el crimen organizado

  1. Endurecimiento de penas
  2. Continuar política de sometimiento a la justicia
  3. Recompensas por información

En la propuesta de Fajardo encontramos:

  1. Micro estrategias para enfrentar el delito
  2. Estrategias para aumentar el número de personas judicializadas y condenadas para aumentar la percepción de seguridad en los municipios
  3. Política preventiva para disminuir contravenciones
  4. Prioridad en la lucha contra la minería ilegal
  5. La prevención del delito es básicamente la cultura ciudadana
  6. Comandos conjuntos para el copar el territorio
  7. Una justicia en todo el territorio mejor financiada y resocialización carcelaria

Más completa la estrategia de Vargas Lleras que la de Fajardo, las dos se centran en el aspecto represivo contra el delito, incluso en el llamado populismo punitivo: aumento de penas y de personas presas. En Fajardo una muy balbuceante política de prevención del delito en términos de cultura ciudadana que no se distancia de Vargas Lleras, de hecho Vargas propone cursos en los colegios de cuidado de seguridad. La cultura ciudadana como estrategia de comunicación mediática o pedagógica quizás es importante para disminuir la contravención, pero no hay evidencia que disminuya el delito.

La única política que se observa en Vargas y Fajardo por fuera de la simple represión frente al delito es la cultura ciudadana, es decir, la educación cívica como medida preventiva.

Aquí está nuestra diferencia mayor. En cierta forma Vargas y Fajardo y así ha sido la política de seguridad ciudadana de las últimas décadas, cometen el error de los cubanos frente a las tasas de enfermedad en su país. Preocupados por el aumento alarmante de casos de enfermedades asociadas a la desnutrición en el llamado periodo especial que colapsó su red hospitalaria, bien reputada a nivel internacional, la solución que daban era aumentar el número de hospitales, y no miraban las causas de la desnutrición.

La sociedad colombiana afectada por un incremento del delito que es la mayor fractura del tejido social y del pacto de convivencia lo que ha hecho es aumentar cárceles, penas y fiscales. Y desde el punto de vista territorial copar militar y policialmente el territorio. Desde Uribe, pasando por Santos, con las propuestas de Vargas y de Fajardo, podemos decir que se repite la misma estrategia y en mi opinión, el mismo error.

Y no porque no pensemos en fortalecer la policía en el post conflicto, o la Justicia, ya veremos más adelante cómo lo haremos, sino porque a esa estrategia le falta una pata, la más importante: cómo disminuir el delito y no solo cómo castigarlo. Aunque sabemos que ésta fuertemente arraigada en el imaginario popular la creencia que el delito se disminuye con el castigo, lo cierto es que para la disminución del delito se deben examinar las causas del mismo.

Mi experiencia como alcalde de Bogotá me demostró que el delito tiene unas fuertes raíces en la exclusión social y que una política seria de seguridad efectiva debe contemplarlo. La disminución del delito pasa por fuertes políticas de inclusión social juvenil y campesina y las estadísticas del cuadro que presenté lo demuestran.

Lo primero que deberíamos hacer es preguntarnos si los mayores esfuerzos en seguridad en la lucha contra el delito van en realidad contra verdaderos delitos o disfrazamos una guerra silenciosa contra campesinos cultivadores de hoja de coca y jóvenes excluidos socialmente y consumidores de drogas como si esa fuera la lucha contra el delito, mientras grandes organizaciones criminales narcotraficantes logran el control territorial de zonas rurales y urbanas en las grandes ciudades a partir de fuertes alianzas políticas en el poder.

En el escenario de la disminución del delito en Colombia tenemos que cambiar la política antidrogas y dejar de perseguir campesinos y consumidores de drogas urbanos. Lo contrario a lo que propone el populismo punitivo de Vargas Lleras y Fajardo.

Hoy el 25% de la población carcelaria, que ya llega a 180.000 colombianos, está representada por campesinos y jóvenes consumidores o bajos escalones de la cadena del microtráfico. Para la captura de por lo menos 45.000 colombianos en estas modalidades se ha invertido ingentes cantidades de recursos públicos y esfuerzos policiales en zonas rurales y urbanas. El resultado es que no hemos reducido el narcotráfico con esta estrategia ni siquiera el consumo de drogas, ni siquiera la disminución del porcentaje de la drogodependencia. Es un fracaso total por medio de la cual se ha criminalizado una parte importante de la población y se ha derrochado el recurso público, no sin dejar el esfuerzo una mancha enorme de corrupción en la policía, muchos de cuyos agentes terminan en nóminas de las organizaciones narcotraficantes del barrio o de la región rural.

Ya que este tema no es ni mencionado ni por Vargas ni por Fajardo, que piensan más en el expediente fácil y políticamente correcto del populismo punitivo, yo me propongo una política sobre las drogas diferente

Al consumidor de drogas, recreativo o dependiente, generalmente juvenil y socialmente excluido no se le trata con cárcel como propone Vargas, sino con médicos y diálogo estatal. La experiencia de los CAMAD en la Bogotá Humana con más de 65.000 consultas en toda la ciudad en su mayoría de jóvenes estudiantes consumidores de drogas, mostró un camino certero de tratamiento del problema que solo se agudizará con el populismo punitivo.

Separar la población consumidora de drogas de las cadenas clandestinas del narcotráfico es una política de seguridad ciudadana estratégica. La mafia se debilita si le quitamos a la juventud consumidora en las ciudades, a partir del diálogo, del tratamiento médico de salud pública y de los centros regulados por el Estado de consumo de estupefacientes que busquen mitigar el daño. En ciudades como Medellín; Barranquilla o Cali, esta experiencia que adelantamos en Bogotá reduciría a fondo el delito contra la ciudadanía.

En forma más amplia la inclusión social en los ingresos, el arte, la producción y fundamentalmente el estudio de la juventud popular urbana y rural permite la disminución sustancial visible y poderosa de los delitos que mayoritariamente afectan a la mayoría de los ciudadanos.

La segunda parte de nuestra nueva política antidrogas tiene que ver con el campesino productor de hoja de coca y otros al cual también hay que descriminalizar.

Nos proponemos separar el campesinado productor de materias primas para estupefacientes de las cadenas clandestinas de las mafias. El Estado debe dialogar y llegar a acuerdos eficaces con este sector de la población en torno a tres ejes: 1. la sustitución de tierras por tierras fértiles cerca de centros urbanos dentro de la reforma agraria. 2. La compra de cosechas mientras se desarrollan los acuerdos. 3. El crédito de largo plazo con periodo de sostenimiento para el cultivo forestal como sustitución más rentable a los cultivos de hoja de coca y otros.

Si el campesinado sigue atado a las cadenas clandestinas del narcotráfico, la capacidad militar de las bandas criminales aumentará y les permitirá el control territorial como actualmente sucede. Ese dinero, el control territorial y poblacional es lo que permite la alianza entre políticos, Poder y mafias.

Examinaremos con la sociedad la viabilidad de legalizar la marihuana en Colombia como lo han hecho ya varios estados de los EEUU. Es de doble moral que, ante la legalidad de la marihuana en EEUU, el gobierno entregue a multinacionales extranjeras terrenos para sembrar marihuana y encarcele a los campesinos que la cultivan. El efecto de esta medida será la disminución de los cultivos de marihuana en el país por disminución abrupta de su rentabilidad para lo cual el plan de sustitución de tierras para producir alimentos se vuelve fundamental de cara a proteger la familia campesina. El dinero que se deja de invertir en la erradicación de cultivos de marihuana se invertirá en educación preventiva en colegios y menores de edad para disminuir su consumo.

Separar las poblaciones campesinas cultivadoras y los jóvenes consumidores de las cadenas clandestinas de las organizaciones criminales mafiosas es estratégico para la seguridad de los y las colombianas y de paso permite el mayor debilitamiento político y del poder de estas organizaciones, lo que facilita la tarea de golpearlas. Mafias sin población y sin territorio y sin Estado son mafias débiles.

La inclusión social de la juventud en la educación superior, el arte y los ingresos y la separación del campesinado de las redes mafiosas disminuirá de manera contundente el delito en Colombia y esta es una parte fundamental de la estrategia de seguridad que proponemos.

Ni en las estrategias de seguridad de Vargas, ni en la de Fajardo, siquiera se mencionan estos temas sin los cuales en realidad no se está hablando de seguridad, soslayar implica desconocer los móviles fundamentales del delito en Colombia y por tanto al final mostrar una enorme incapacidad para resolverlo.

En el frente de la represión al delito que Vargas cree que no asumimos proponemos lo siguiente:

  1. La primera estrategia es la independencia de la Justicia. La justicia no puede estar supeditada al poder político. El Poder Judicial debe ser autónomo de la política y para ello debe manejar un porcentaje elevado a norma constitucional de los recursos corrientes de la Nación, manejado con plena autonomía por el poder judicial. Los mecanismos de selección de magistrados, jueces, etc., deben separarse completamente del Congreso y de los poderes políticos. El control a la justicia lo debe establecer la ciudadanía y el castigo al delito de magistrados lo debe establecer un tribunal de aforados con independencia del Congreso que juzgará a su vez a los altos cargos del ejecutivo. Si la Justicia se supedita a la política y la política al delito se desencadena la peor de las inseguridades de la ciudadanía. En este aspecto hay una cercanía con Fajardo que lo propone en su programa. La eficacia de la Justicia y el fin de la impunidad dependen por tanto, a diferencia de lo que propone Vargas, de la independencia plena y la plena financiación de la Justicia en Colombia.
  2. La segunda estrategia es el fortalecimiento de la fiscalía anticorrupción. El Fiscal anticorrupción debe ser nombrado como el Fiscal por el presidente de la República y será el presidente el responsable de la persecución del crimen en Colombia. La Fiscalía anticorrupción se fortalecerá con los miembros de la procuraduría que se trasladen en cumplimiento de la Convención americana de Derechos Humanos. Ninguna autoridad administrativa le quitará derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana de Colombia. La lucha contra la corrupción es eminentemente judicial y penal.
  3. La tercera estrategia es el fortalecimiento de la policía que será eminentemente ciudadana y controlada por la ciudadanía. El mayor esfuerzo de fortalecimiento policial está en eliminar la corrupción policial, tema silenciado por Vargas y Fajardo pero que es sustancial en la lucha contra el delito. De nada sirve aumentar el pie de fuerza y los medios de que disponga, incluidos los de ultima generación tecnológica, si existen articulaciones concretas y permitidas de miembros de la policía con el crimen. Nuestra política de disminución del delito le quitará a la policía el estéril oficio de perseguir jóvenes o campesinos y la centrará en la compleja tarea, por la inteligencia que necesita, de desmantelar las grandes organizaciones criminales de Colombia. El ESMAD dejará de tener tareas de confrontación con la ciudadanía y su misión será la resolución pacífica del conflicto y la protección institucional y ciudadana. Con Vargas estamos de acuerdo, pero solo dentro de esta propuesta de lucha contra la corrupción, de aumentar el pie de fuerza, crear la carrera del patrullero y fortalecer las escuelas de policía y la educación profesional de todos sus integrantes. La escala salarial de la policía debe ser más igualitaria y más fuerte. Los salarios policiales no se deben guiar por la línea de mando sino además por el tiempo de experiencia, de tal manera que un patrullero con experiencia debe ser de los mejores pagos de la policía.
  4. La cárcel debe cumplir su papel de resocialización. Por ello no se debe incluir el INPEC en la policía que no tiene esta función, sino al contrario profesionalizarse en la tarea rehabilitadora, la cárcel será centro de estudios y de trabajo productivo, y habrá seguimiento post carcelario pero dirigido por funcionarios especializados en integración social y no por la policía como sugiere Vargas Lleras. La integración social es el mejor mecanismo de lucha contra la reincidencia.
  5. Una nueva clasificación de la gravedad de los delitos. El delito más grave es contra la vida y en ese nivel el que va contra la vida de niños y niñas, contra la mujer, y contra poblaciones discriminadas por la sociedad que gocen de protección constitucional. La corrupción será castigada dentro de la máxima gravedad y dentro de ella la máxima escala corresponderá a servidores públicos que se les condene por corrupción. Todo delito contra niños, niñas, mujeres, poblaciones bajo protección constitucional tendrán la máxima circunstancia de agravación.
  6. La política de sometimiento a la justicia podrá ser colectiva de cara a la posibilidad de un desmantelamiento pacífico de organizaciones criminales militarizadas. La reincidencia despues de negociaciones judiciales será castigada con la mayor severidad.

Autor: gustavopetroblog

Dirigente político progresista de Colombia

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