LAS DIFERENCIAS PROGRAMATICAS CON VARGAS Y FAJARDO EN POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

En aras de ampliar el debate con el candidato Germán Vargas sobre la política de seguridad me permito entregar este documento a la opinión pública. Nos endilga Germán Vargas: 1. Que la inseguridad subió en la Bogotá Humana y 2. Que buscamos la impunidad cuando criticamos su propuesta de seguridad para Colombia. En ambos conceptos se equivoca el candidato, pero nos permite aclarar los conceptos de nuestra propuesta como los vacíos de la suya.

Veamos los resultados de la encuesta “Bogotá Cómo Vamos” que permite un hilo histórico y que al basarse en una muestra estadística logra un mejor acercamiento a la realidad que las denuncias bastante volátiles que los bogotanos realizan cuando sufren un delito.

Victimización directa 2009:2017Como puede apreciarse la victimización directa en el 2015, es decir, el porcentaje de la población que fue víctima de algún delito en el último año, fue la mitad del 2009; la tasa de victimización se redujo permanentemente en mi gobierno, y volvió a saltar hacia arriba en el gobierno de Cambio Radical con Peñalosa.

Las cifras de la encuesta son coherentes con los resultados que la empresa “El Corte Ingles” contratista del gobierno nacional y que recopila los datos de reportes de hurto entregados por clientes a las empresas de celular y que es una base de datos más confiable que las denuncias. Para 2015 dijo la empresa que el hurto de celulares se había reducido en un 33% en Bogotá, siendo este delito el que explica la mitad de la victimización directa en Bogotá.

Estas cifras no solo muestran que Germán Vargas esta desinformado de la realidad de la seguridad en la ciudad de Bogotá, sino que además nos llevan a un análisis más profundo. ¿Qué explica el éxito de las medidas de seguridad en el gobierno de la Bogotá Humana y por qué fracasan las medidas de seguridad del gobierno de Cambio Radical en la ciudad en los años 2016 y 2017?

¿Y que tiene que ver este cambio de política y de resultados con las propuestas presidenciales?

Desde mi experiencia al frente de la ciudad de Bogotá entre el 2012 y el 2015 y como candidato presidencial, me permito plantear una crítica a las propuestas de seguridad del candidato Vargas Lleras y en la menos elaborada de Sergio Fajardo. Estas propuestas solo miran el aspecto de la represión del delito y no miran las causas para erradicar el delito.

No es que la Colombia Humana plantee la impunidad o no atacar el delito con la fuerza del Estado como falsamente nos endilga Germán Vargas, sino que, a diferencia de Vargas y Fajardo, pensamos en una estrategia integral.

Vargas Lleras propone como primera estrategia de seguridad la lucha contra la impunidad a partir de

  1. Tener Fiscales en las estaciones de policía y aumentar la cobertura territorial y los horarios de la fiscalía.
  2. judicializar y encarcelar menores desde los 12 años
  3. Meter el INPEC en la policía
  4. Castigar la reincidencia
  5. Endurecer la cárcel

Como segunda estrategia plantea fortalecer la policía así:

  1. Policía rural
  2. Aumento del pie de fuerza
  3. Fortalecimiento de la escuela policial
  4. La carrera del patrullero
  5. Cuadrantes móviles y cuadrantes virtuales
  6. Voluntarios en seguridad

Como tercera estrategia una micro gerencia por delito así:

contra el Hurto de celulares

  1. Endurecer las penas
  2. Prohibir porte de arma blanca
  3. Producir afectaciones técnicas que hagan difícil el beneficiarse del hurto del celular

Contra micro tráfico

  1. Extinción del dominio del lugar donde se venda estupefacientes
  2. Judicialización del consumo más allá de la dosis mínima

Contra el homicidio

  1. Prohibición del porte de armas de fuego y blancas
  2. Cierre de establecimientos públicos en determinados lugares de alto nivel de homicidio

Contra el hurto

  1. Endurecer penas por hurto calificado
  2. Empadronamiento de la población por la policía

Contra el crimen organizado

  1. Endurecimiento de penas
  2. Continuar política de sometimiento a la justicia
  3. Recompensas por información

En la propuesta de Fajardo encontramos:

  1. Micro estrategias para enfrentar el delito
  2. Estrategias para aumentar el número de personas judicializadas y condenadas para aumentar la percepción de seguridad en los municipios
  3. Política preventiva para disminuir contravenciones
  4. Prioridad en la lucha contra la minería ilegal
  5. La prevención del delito es básicamente la cultura ciudadana
  6. Comandos conjuntos para el copar el territorio
  7. Una justicia en todo el territorio mejor financiada y resocialización carcelaria

Más completa la estrategia de Vargas Lleras que la de Fajardo, las dos se centran en el aspecto represivo contra el delito, incluso en el llamado populismo punitivo: aumento de penas y de personas presas. En Fajardo una muy balbuceante política de prevención del delito en términos de cultura ciudadana que no se distancia de Vargas Lleras, de hecho Vargas propone cursos en los colegios de cuidado de seguridad. La cultura ciudadana como estrategia de comunicación mediática o pedagógica quizás es importante para disminuir la contravención, pero no hay evidencia que disminuya el delito.

La única política que se observa en Vargas y Fajardo por fuera de la simple represión frente al delito es la cultura ciudadana, es decir, la educación cívica como medida preventiva.

Aquí está nuestra diferencia mayor. En cierta forma Vargas y Fajardo y así ha sido la política de seguridad ciudadana de las últimas décadas, cometen el error de los cubanos frente a las tasas de enfermedad en su país. Preocupados por el aumento alarmante de casos de enfermedades asociadas a la desnutrición en el llamado periodo especial que colapsó su red hospitalaria, bien reputada a nivel internacional, la solución que daban era aumentar el número de hospitales, y no miraban las causas de la desnutrición.

La sociedad colombiana afectada por un incremento del delito que es la mayor fractura del tejido social y del pacto de convivencia lo que ha hecho es aumentar cárceles, penas y fiscales. Y desde el punto de vista territorial copar militar y policialmente el territorio. Desde Uribe, pasando por Santos, con las propuestas de Vargas y de Fajardo, podemos decir que se repite la misma estrategia y en mi opinión, el mismo error.

Y no porque no pensemos en fortalecer la policía en el post conflicto, o la Justicia, ya veremos más adelante cómo lo haremos, sino porque a esa estrategia le falta una pata, la más importante: cómo disminuir el delito y no solo cómo castigarlo. Aunque sabemos que ésta fuertemente arraigada en el imaginario popular la creencia que el delito se disminuye con el castigo, lo cierto es que para la disminución del delito se deben examinar las causas del mismo.

Mi experiencia como alcalde de Bogotá me demostró que el delito tiene unas fuertes raíces en la exclusión social y que una política seria de seguridad efectiva debe contemplarlo. La disminución del delito pasa por fuertes políticas de inclusión social juvenil y campesina y las estadísticas del cuadro que presenté lo demuestran.

Lo primero que deberíamos hacer es preguntarnos si los mayores esfuerzos en seguridad en la lucha contra el delito van en realidad contra verdaderos delitos o disfrazamos una guerra silenciosa contra campesinos cultivadores de hoja de coca y jóvenes excluidos socialmente y consumidores de drogas como si esa fuera la lucha contra el delito, mientras grandes organizaciones criminales narcotraficantes logran el control territorial de zonas rurales y urbanas en las grandes ciudades a partir de fuertes alianzas políticas en el poder.

En el escenario de la disminución del delito en Colombia tenemos que cambiar la política antidrogas y dejar de perseguir campesinos y consumidores de drogas urbanos. Lo contrario a lo que propone el populismo punitivo de Vargas Lleras y Fajardo.

Hoy el 25% de la población carcelaria, que ya llega a 180.000 colombianos, está representada por campesinos y jóvenes consumidores o bajos escalones de la cadena del microtráfico. Para la captura de por lo menos 45.000 colombianos en estas modalidades se ha invertido ingentes cantidades de recursos públicos y esfuerzos policiales en zonas rurales y urbanas. El resultado es que no hemos reducido el narcotráfico con esta estrategia ni siquiera el consumo de drogas, ni siquiera la disminución del porcentaje de la drogodependencia. Es un fracaso total por medio de la cual se ha criminalizado una parte importante de la población y se ha derrochado el recurso público, no sin dejar el esfuerzo una mancha enorme de corrupción en la policía, muchos de cuyos agentes terminan en nóminas de las organizaciones narcotraficantes del barrio o de la región rural.

Ya que este tema no es ni mencionado ni por Vargas ni por Fajardo, que piensan más en el expediente fácil y políticamente correcto del populismo punitivo, yo me propongo una política sobre las drogas diferente

Al consumidor de drogas, recreativo o dependiente, generalmente juvenil y socialmente excluido no se le trata con cárcel como propone Vargas, sino con médicos y diálogo estatal. La experiencia de los CAMAD en la Bogotá Humana con más de 65.000 consultas en toda la ciudad en su mayoría de jóvenes estudiantes consumidores de drogas, mostró un camino certero de tratamiento del problema que solo se agudizará con el populismo punitivo.

Separar la población consumidora de drogas de las cadenas clandestinas del narcotráfico es una política de seguridad ciudadana estratégica. La mafia se debilita si le quitamos a la juventud consumidora en las ciudades, a partir del diálogo, del tratamiento médico de salud pública y de los centros regulados por el Estado de consumo de estupefacientes que busquen mitigar el daño. En ciudades como Medellín; Barranquilla o Cali, esta experiencia que adelantamos en Bogotá reduciría a fondo el delito contra la ciudadanía.

En forma más amplia la inclusión social en los ingresos, el arte, la producción y fundamentalmente el estudio de la juventud popular urbana y rural permite la disminución sustancial visible y poderosa de los delitos que mayoritariamente afectan a la mayoría de los ciudadanos.

La segunda parte de nuestra nueva política antidrogas tiene que ver con el campesino productor de hoja de coca y otros al cual también hay que descriminalizar.

Nos proponemos separar el campesinado productor de materias primas para estupefacientes de las cadenas clandestinas de las mafias. El Estado debe dialogar y llegar a acuerdos eficaces con este sector de la población en torno a tres ejes: 1. la sustitución de tierras por tierras fértiles cerca de centros urbanos dentro de la reforma agraria. 2. La compra de cosechas mientras se desarrollan los acuerdos. 3. El crédito de largo plazo con periodo de sostenimiento para el cultivo forestal como sustitución más rentable a los cultivos de hoja de coca y otros.

Si el campesinado sigue atado a las cadenas clandestinas del narcotráfico, la capacidad militar de las bandas criminales aumentará y les permitirá el control territorial como actualmente sucede. Ese dinero, el control territorial y poblacional es lo que permite la alianza entre políticos, Poder y mafias.

Examinaremos con la sociedad la viabilidad de legalizar la marihuana en Colombia como lo han hecho ya varios estados de los EEUU. Es de doble moral que, ante la legalidad de la marihuana en EEUU, el gobierno entregue a multinacionales extranjeras terrenos para sembrar marihuana y encarcele a los campesinos que la cultivan. El efecto de esta medida será la disminución de los cultivos de marihuana en el país por disminución abrupta de su rentabilidad para lo cual el plan de sustitución de tierras para producir alimentos se vuelve fundamental de cara a proteger la familia campesina. El dinero que se deja de invertir en la erradicación de cultivos de marihuana se invertirá en educación preventiva en colegios y menores de edad para disminuir su consumo.

Separar las poblaciones campesinas cultivadoras y los jóvenes consumidores de las cadenas clandestinas de las organizaciones criminales mafiosas es estratégico para la seguridad de los y las colombianas y de paso permite el mayor debilitamiento político y del poder de estas organizaciones, lo que facilita la tarea de golpearlas. Mafias sin población y sin territorio y sin Estado son mafias débiles.

La inclusión social de la juventud en la educación superior, el arte y los ingresos y la separación del campesinado de las redes mafiosas disminuirá de manera contundente el delito en Colombia y esta es una parte fundamental de la estrategia de seguridad que proponemos.

Ni en las estrategias de seguridad de Vargas, ni en la de Fajardo, siquiera se mencionan estos temas sin los cuales en realidad no se está hablando de seguridad, soslayar implica desconocer los móviles fundamentales del delito en Colombia y por tanto al final mostrar una enorme incapacidad para resolverlo.

En el frente de la represión al delito que Vargas cree que no asumimos proponemos lo siguiente:

  1. La primera estrategia es la independencia de la Justicia. La justicia no puede estar supeditada al poder político. El Poder Judicial debe ser autónomo de la política y para ello debe manejar un porcentaje elevado a norma constitucional de los recursos corrientes de la Nación, manejado con plena autonomía por el poder judicial. Los mecanismos de selección de magistrados, jueces, etc., deben separarse completamente del Congreso y de los poderes políticos. El control a la justicia lo debe establecer la ciudadanía y el castigo al delito de magistrados lo debe establecer un tribunal de aforados con independencia del Congreso que juzgará a su vez a los altos cargos del ejecutivo. Si la Justicia se supedita a la política y la política al delito se desencadena la peor de las inseguridades de la ciudadanía. En este aspecto hay una cercanía con Fajardo que lo propone en su programa. La eficacia de la Justicia y el fin de la impunidad dependen por tanto, a diferencia de lo que propone Vargas, de la independencia plena y la plena financiación de la Justicia en Colombia.
  2. La segunda estrategia es el fortalecimiento de la fiscalía anticorrupción. El Fiscal anticorrupción debe ser nombrado como el Fiscal por el presidente de la República y será el presidente el responsable de la persecución del crimen en Colombia. La Fiscalía anticorrupción se fortalecerá con los miembros de la procuraduría que se trasladen en cumplimiento de la Convención americana de Derechos Humanos. Ninguna autoridad administrativa le quitará derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana de Colombia. La lucha contra la corrupción es eminentemente judicial y penal.
  3. La tercera estrategia es el fortalecimiento de la policía que será eminentemente ciudadana y controlada por la ciudadanía. El mayor esfuerzo de fortalecimiento policial está en eliminar la corrupción policial, tema silenciado por Vargas y Fajardo pero que es sustancial en la lucha contra el delito. De nada sirve aumentar el pie de fuerza y los medios de que disponga, incluidos los de ultima generación tecnológica, si existen articulaciones concretas y permitidas de miembros de la policía con el crimen. Nuestra política de disminución del delito le quitará a la policía el estéril oficio de perseguir jóvenes o campesinos y la centrará en la compleja tarea, por la inteligencia que necesita, de desmantelar las grandes organizaciones criminales de Colombia. El ESMAD dejará de tener tareas de confrontación con la ciudadanía y su misión será la resolución pacífica del conflicto y la protección institucional y ciudadana. Con Vargas estamos de acuerdo, pero solo dentro de esta propuesta de lucha contra la corrupción, de aumentar el pie de fuerza, crear la carrera del patrullero y fortalecer las escuelas de policía y la educación profesional de todos sus integrantes. La escala salarial de la policía debe ser más igualitaria y más fuerte. Los salarios policiales no se deben guiar por la línea de mando sino además por el tiempo de experiencia, de tal manera que un patrullero con experiencia debe ser de los mejores pagos de la policía.
  4. La cárcel debe cumplir su papel de resocialización. Por ello no se debe incluir el INPEC en la policía que no tiene esta función, sino al contrario profesionalizarse en la tarea rehabilitadora, la cárcel será centro de estudios y de trabajo productivo, y habrá seguimiento post carcelario pero dirigido por funcionarios especializados en integración social y no por la policía como sugiere Vargas Lleras. La integración social es el mejor mecanismo de lucha contra la reincidencia.
  5. Una nueva clasificación de la gravedad de los delitos. El delito más grave es contra la vida y en ese nivel el que va contra la vida de niños y niñas, contra la mujer, y contra poblaciones discriminadas por la sociedad que gocen de protección constitucional. La corrupción será castigada dentro de la máxima gravedad y dentro de ella la máxima escala corresponderá a servidores públicos que se les condene por corrupción. Todo delito contra niños, niñas, mujeres, poblaciones bajo protección constitucional tendrán la máxima circunstancia de agravación.
  6. La política de sometimiento a la justicia podrá ser colectiva de cara a la posibilidad de un desmantelamiento pacífico de organizaciones criminales militarizadas. La reincidencia despues de negociaciones judiciales será castigada con la mayor severidad.

MIS DIFERENCIAS PROGRAMATICAS CON GERMAN VARGAS

El programa económico del candidato presidencial de Cambio Radical, Germán Vargas, se propone recuperar la senda de crecimiento económico y ubicarlo en el 5% anual como crecimiento del PIB. Cree Vargas que el crecimiento depende del aumento de la inversión y que esta depende de la rentabilidad del capital y para ello propone reducir impuestos al capital y flexibilizar las regulaciones estatales y la mano de obra. Su prioridad es el crecimiento, sobre la base de la disminución de impuestos a las rentas de capital pero para nada ni siquiera como segunda prioridad está la equidad social. Un crecimiento sin equidad.

De hecho olvida Germán Vargas y sus asesores que si la rentabilidad de capital neta de impuestos es superior a la tasa de crecimiento real, la desigualdad en el mediano plazo avanzará a niveles enormes en un país que como Colombia ya es de los más desiguales del mundo.

Es indudable que los países que han priorizado el crecimiento económico sin mirar la equidad, no han logrado procesos sostenibles y se han condenado a estados de desigualdad social que terminan agotando el mismo crecimiento económico; y los países que han priorizado la redistribución del ingreso sin pensar en el crecimiento no han logrado sino redistribuir pobreza.

Así lo demuestra la crisis mundial que comenzó en el 2008 y que llega hasta nuestros días precisamente en el mayor periodo de incremento de la desigualdad en los países desarrollados desde hace 70 años. El incremento de la desigualdad en su máximo nivel en EEUU fue en el año 1929 y después ese mismo nivel de desigualdad llegó en el año 2007, precisamente en los años que dieron inicio a las peores crisis de su historia. la desigualdad extrema propicia las crisis extremas y Colombia padece de una de las desigualdades extremas más altas del mundo.

Los impuestos al Capital deben tener un enfoque que nos lleve a aumentar la producción real, castigar las rentas y construir más igualdad social, De hecho los impuestos al Capital lo que ayudan al financiar mayoritariamente el Estado es a fortalecer la ampliación de una clase media tanto rural como urbana en Colombia, como símbolo de una sociedad más igualitaria. Al contrario, disminuir los impuestos al Capital no sólo conduce a una sociedad extremadamente desigualitaria, sino también a la destrucción de la clase media colombiana.

Crecimiento y equidad van de la mano, el uno genera la otra y viceversa, pero un concepto así, integral, no se ve en el programa de Germán Vargas. Para el tipo de proyecto político que dirige el candidato de Cambio Radical con fuertes soportes en el gran empresariado colombiano y los medios de comunicación, plantear la equidad social es cuestión de populismo. Para nosotros y para la experiencia mundial un crecimiento económico sin equidad social es inconsistente.

El programa de Cambio Radical mantiene la tesis desarrollista sin equidad, es decir se inscribe en la dinámica de la política económica tradicional de Colombia.

La tesis que defiende el candidato Vargas, y en esto coincide con Uribe y toda la derecha mundial, es que para lograr el crecimiento económico se necesita de un Estado que a diferencia del Estado Social de Derecho, que busca la equidad social, se subordine completamente al negocio como objetivo máximo de la sociedad. La maximización de la utilidad implica, bajo esta propuesta, reducción de impuestos a los negocios y anulación de las regulaciones públicas. Un neoliberalismo duro en completo retroceso ya en el mundo pero que se quiere perpetuar a pesar de su fracaso, en Colombia.

No es cierto que la inversión privada y la iniciativa privada que en Colombia se confunde con libre iniciativa de la inversión extranjera y fundamentalmente extractivista, esté aquejada por los impuestos al capital y las regulaciones estatales ambientales o laborales.

El impuesto es por definición el gran pacto social de una sociedad y nuestra constitución ordena un sistema tributario progresivo, es decir cimentado sobre la tesis que el que más tiene paga más impuestos y más que proporcionalmente, un sistema así es básico para un Estado Social de Derecho, lo que equivale a decir que es esencial para la búsqueda de la equidad. En realidad la práctica y la legislación tributaria en los gobiernos posteriores a la constitución del 91 ha sido debilitar la progresividad contrario a lo que ha ordenado la Constitución y cimentar cada vez más la financiación del Estado en la clase media, la mediana y pequeña empresa y en general en los consumidores. Germán Vargas quiere tirar definitivamente el principio de la progresividad por la borda, porque no le interesa la equidad. Las regulaciones tienen como fin mitigar daños que la producción y el ánimo de lucro pueden provocar sobre el conjunto de la sociedad y sobre la naturaleza, mitigar o prevenir, por ejemplo, los daños éticos, laborales y ambientales que el ánimo de lucro puede provocar. En lenguaje economicista las regulaciones públicas buscan mitigar los efectos de las externalidades negativas del mercado y sus fallas. Eliminar sustancialmente las regulaciones implica subordinar la garantía de los derechos laborales, sociales y ambientales a la maximización de la utilidad privada.

La aplicación del programa de Vargas Lleras nos llevaría a un incremento del déficit fiscal, una gran depredación de la naturaleza y un aumento de la desigualdad social, en un país que ya es de los más desiguales del mundo. La consecuencia sería un incremento de la violencia y por tanto una destrucción democrática.

Es más, ante procesos de profundización de la desigualdad como la que propone Vargas Lleras, la primera víctima no son los pobres sino la clase media que se vuelve raquítica al estrecharse las oportunidades de ser propietarios de bienes de capital o al disminuir los salarios reales.

Vargas vende la tesis errónea que los capitales y los negocios están afectados por altos impuestos, y propone disminuirlos sustancialmente. Olvida el candidato que ya el uno por ciento de la población colombiana es propietaria del 22% del ingreso nacional o riqueza nacional, una desigualdad así jamás sería alcanzada por un país con un sistema tributario anticapital como falsamente dice Germán Vargas que existe en Colombia. Es más una desigualdad así solo expresa una enorme transferencia de riqueza privada del 90% de la población y de la riqueza pública hacia ese uno por ciento más rico de la población que el candidato de cambio Radical quiere aún más, enriquecer. El análisis de Vargas no toca para nada el problema que para la producción y el crecimiento económico tiene la estrechez del mercado interno aquejado por la presencia del latifundio, los bajos salarios y la mitad de la población por fuera de la generación de ingresos, y menos los efectos que sobre la estrechez de ese mercado interno tiene la falta de educación de calidad, la ausencia de un sistema de crédito popular agrario, industrial o de servicios y menos aún el impacto que los TLC tienen sobre la producción interna.

Al contrario, repetir y profundizar la historia de la política económica de Uribe llamada “confianza inversionista”, imitada por la política económica de Santos, de desregulación y disminución impositiva para los sectores más poderosos, lleva a que el mercado mundial solo nos vea como espacio de extracción de sus fuentes de energía. El mercado mundial sin intervención política de nuestro Estado nos asigna en la división internacional del trabajo el simple puesto de extraer combustible fósiles. Es por esto que para Germán Vargas los sectores claves de la economía sean los mismos que llevaron a la parálisis económica el país: el sector minero-energético y su infraestructura. Una minería sustentada esencialmente en la extracción de combustibles fósiles y marginalmente en el oro y otros minerales metálicos.

La drástica disminución de impuestos al Capital que propone el candidato de Cambio Radical en realidad es una disminución de gravámenes a la extracción petrolera y carbonífera. dada la actual estructura de deducciones, en realidad el candidato está proponiendo una subvención pública a la extracción de petróleo y carbón para que puedan extraer los residuos que quedan a través del fracking.

Para la Colombia Humana los sectores claves estratégicos en nuestra propuesta económica son la agricultura y la industria bajo las condiciones del siglo XXI. las condiciones del siglo que vivimos nos impone una alta responsabilidad en la mitigación y adaptación al Cambio Climático. Y la agricultura y la industria deben cimentarse en procesos productivos descarbonizados.

La agricultura y la industria como sectores estratégicos a priorizar si queremos que se expandan bajo las condiciones de energías limpias, redes y conocimiento intensivo nos demanda a diferencia del petróleo y el carbón que millones de colombianos y colombianas puedan emprender actividades productivas y esto nos lleva directamente a la necesidad de desconcentrar el capital, a democratizar su propiedad y a plantearnos la equidad social como una prioridad ligada al tipo de crecimiento económico.

Fíjense que la crítica que nos dirigen en el sentido que queremos estatizar los medios de producción o imitar la estructura extractivista y petrolera de Venezuela no tiene ningún asidero. Lo que proponemos es una amplia iniciativa privada, ojalá asociada, de millones de colombianos y colombianas que puedan acceder al emprendimiento productivo.

En cierta forma al contrario que Vargas Lleras, nos proponemos extender una gran clase media urbana y rural productiva y ligada a la propiedad privada democratizada. Ese es el sentido de una sociedad más igualitaria y mucho más libre.

Volvamos a la priorización que hace Cambio Radical y también Uribe y Pastrana del petróleo y el carbón como sectores estratégicos para su propuesta de reactivación económica. Para Germán Vargas no existe la llamada “enfermedad holandesa”, desconoce por completo que ésta, como en Venezuela, se ha producido en nuestro país precisamente por hacer depender nuestras exportaciones casi exclusivamente de los combustibles fósiles.

La “enfermedad holandesa” es un efecto económico de mercado que consiste en que cuando existe una dependencia a un solo sector exportador cuyo precio internacional crece de manera sustancial, por ejemplo los combustibles fósiles, la entrada masiva de divisas valoriza la moneda nacional abarata las importaciones y encarece los costos de producción internos elimina así progresivamente las ramas de producción nacionales que dejan de ser competitivas y profundiza la dependencia al sector del boom exportador. En nuestro caso la agricultura, la industria y sus servicios concomitantes han cedido espacios a favor del petróleo/carbón y sus servicios concomitantes. La llamada “Enfermedad holandesa” no sólo es efecto del boom en precios de una monoexportación sino que produce una mono producción en el país.

Colombia es un ejemplo de “enfermedad holandesa”. Nos convertimos en importadores netos de 13 millones de toneladas de alimentos, de motos y carros y redujimos el papel de la agricultura y la industria en nuestra economía. El efecto destructor de la producción se agravó con los tratados de libre comercio firmados por el país.

Dado que agricultura e industria son intensivos en mano de obra y saberes y la extracción de hidrocarburos y carbón no, el resultado es el de la entrada masiva de decenas de miles de millones de dólares con destrucción del aparato productivo y el raquitismo del empleo. Más de la mitad de la población colombiana está hoy por fuera de  obtener ingresos formales de la economía.

Este hecho producido en los últimos 30 años es desconocido por el candidato Vargas, que vuelve a proponer el petróleo/carbón como motor de la reactivación económica.

Lo cierto es que dada la caída de las reservas petroleras y del precio del carbón y del petróleo, la única opción de incremento de ingresos desde estos sectores se da si se aumenta su volumen de exportación para lo cual el único método de corto plazo posible es el fracking: la ruptura de rocas con depósitos de petróleo a través de  inyección hídrica en los pozos ya explotados y secos que aumentaría por cinco o diez la utilización del recurso hídrico en las zonas de minería del carbón y del petróleo, con riesgo alto de contaminación permanente de acuíferos.

Por ello pide el candidato de Cambio Radical modificar las consultas y cambiar el ordenamiento territorial y el marco de la regulación ambiental.

Esta “confianza inversionista” a lo Germán Vargas centrada en el campo de la minería energética y su infraestructura dada la caída de los precios internacionales, implica una reducción generalizada de impuestos a sus negocios para que puedan financiar con rentabilidad la actividad del fracking.

En el campo minero-energético, es decir el de la explotación de petróleo y carbón, Germán Vargas propone una reducción de impuestos y regalías para otorgarle mayor rentabilidad, sin embargo, además de ser un verdadero regalo de una propiedad pública: el subsuelo, a grandes empresas multinacionales, una mayor rentabilidad no va a aumentar sustancialmente la producción de campos petroleros con reservas a punto de agotarse a menos que se utilice el “fracking”.

Por eso Germán Vargas propone un cambio del sistema de regalías que trate de castigar a los municipios que voten contra las actividades mineras excluyéndolos de su distribución y propone un incremento de las regalías locales buscando así la adhesión de la clase política local adicta al pillaje y quizás el beneplácito ciudadano ante la extinción de sus fuentes hídricas.

La propuesta de Vargas Lleras parte de una alianza con las mafias políticas locales a las que se les ofrece un incremento de la regalías en sus gobiernos locales. Una de las explicaciones de la explosión de la corrupción en Colombia está precisamente en esta estructura económica y política cimentada en los dineros fáciles de las rentas de la cocaína, el petróleo y el carbón.

Para Colombia Humana el fracking es una actividad que debe ser prohibida en Colombia por el principio de precaución para la salud del ser humano y por el cuidado del agua. el agua es fundamental para el desarrollo del país mirado desde la perspectiva humana, ambiental y productiva.

El desconocimiento de la llamada “enfermedad holandesa” producida en Colombia lleva a Germán Vargas no solo a desconocer el efecto negativo que un boom mono exportador rentístico tiene sobre la agricultura, la industria y sus servicios afines sino que lo lleva a proponer para la agricultura y la industria un modelo de incentivos ya fracasados. Para la primera el desarrollo de la gran plantación exportadora, es decir el banano y la palma africana y similares; y para la industria la flexibilización y el abaratamiento de la fuerza de trabajo.

Bajo esta visión retrógrada de la agricultura y la industria lo que se sacrifica es la expansión poderosa del mercado interno, que implica obligatoriamente una disminución sustancial de la desigualdad social en el país. El mercado interno implica mayor demanda interna es decir, mayores ingresos disponibles de la población colombiana. Desarrollar la agricultura y la industria implica una sociedad con ingresos reales crecientes y esto no es posible sin una democratización de los activos de capital: créditos, saberes, tierras, espacios, redes, energía barata. La agricultura hacia el mercado interno es de granjeros productores de alimentos, una clase media productiva rural a la que deben llegar la mayoría de nuestros campesinos y pequeños y medianos empresarios rurales. Una industria hacia el mercado interno necesita de una diversidad productiva que implica la apertura al capital de millones de pequeños empresarios y empresarias de la economía popular productiva, necesita de una fuerza asalariada con crecimiento de salarios reales y estabilidad. La industria hacia el mercado interno a diferencia de la exportadora de maquila implica salarios decentes y por tanto la derogatoria de la reforma laboral de Uribe.

La agricultura no se desarrolla por incentivos a la inversión en grandes plantaciones, como piensa Vargas, éstas en la historia reciente lo único que han hecho es reemplazar producciones de alimentos para el mercado interno; tampoco la industria se desarrolla a partir de una fuerza laboral de bajo costo, es decir de bajos salarios, por esta vía solo se obtienen maquilas que el impacto revaluador de la moneda producida por un modelo cuasi mono exportador de combustibles fósiles extraídos se encarga de arruinar.

Germán Vargas no es capaz de darse cuenta de la contradicción entre hacer del petróleo y el carbón el principal sector de la economía y la agricultura y la industria que degrada.

Colombia Humana quiere una agricultura y una industria fuerte, para ello debemos romper progresivamente la dependencia de la exportación del petróleo y el carbón, eliminar el latifundio improductivo a partir de altas tasas de impuestos a su tenencia, cambiar la priorización de los usos del agua, brindar un crédito abundante a la economía popular agraria e industrial, repartir tierras, desarrollar el cooperativismo agroindustrial en propiedad de los productores agrarios, desmantelar los monopolios de importación de materias primas y proteger la industria y agricultura de la competencia internacional a través de las tasas carbón a las importaciones.

La propuesta económica de Colombia Humana entonces articula coherentemente crecimiento con equidad social y sostenibilidad con la naturaleza.

Esta es una visión muy distante de la tradicional y ya fracasada de Germán Vargas y mucho más si le agregamos las condiciones de la nueva economía del siglo XXI que queremos producir en Colombia: las energías limpias, las redes usadas económicamente, la desintermediación distributiva, el trabajo colaborativo y el saber intensivo y generalizado. La industria de hoy no depende de un bachillerato técnico para la fuerza de trabajo juvenil, como piensa Germán Vargas, depende de la generalización del saber en la sociedad y de un sistema de educación superior público, gratuito y universal.

La desigualdad entre los salarios es altísima en Colombia, solo comparen el salario mínimo con los de los congresistas o peor aún, con los salarios de los super ejecutivos de los grandes consorcios empresariales colombianos, incluidos los directores de medios de comunicación. Esta enorme brecha de salarios que luego se reproduce en el sistema pensional se debe fundamentalmente a un diferencial enorme de calidad de nuestro sistema educativo. La mayoría de nuestra población no terminó el bachillerato, en nuestra juventud la mayoría tiene un pésimo sistema educativo público o privado para pobres, y la mayoría de nuestra juventud no entrará a la educación superior si las cosas siguen como están. Vargas LLeras propone un bachillerato técnico, es decir mantener un sistema educativo desigual y discriminatorio.

Si queremos de verdad aumentar la productividad de la sociedad colombiana el acceso sin barreras a la educación superior es fundamental. No hay otra manera de aumentar la productividad y por tanto el crecimiento económico y la riqueza del país. Un sistema de educación superior sin barreras significa una educación superior, pública, gratuita y universal, es decir disponible para cualquier joven que termine sus estudios secundarios. Esto lleva a que el programa de educación superior de la Colombia Humana sea la prioridad del presupuesto nacional.

La industria mundial ya automatizada no logra producir empleo, pero las nuevas tecnologías hoy permiten que millones de personas puedan pasar a actividades de transformación sin ser obreros siempre que tengan los saberes apropiados y la capacidad del trabajo en equipo a escala global.

La nueva economía nos demanda una fuerte inversión pública en energías limpias, electrificación del transporte, redes potentes para el conjunto de la sociedad y un sistema de educación pública de alta calidad. Estas inversiones presionan hacia arriba el gasto público y nos llevan a la necesidad de aumentar impuestos allí donde se realizan actividades rentísticas con sesgos anti productivos: la remesa de utilidades al exterior, los dividendos, las rentas financieras, el latifundio improductivo, las exenciones no ligadas a los objetivos de la nueva inversión pública, las tasas carbón a las importaciones. Lo contrario de lo que propone Germán Vargas.

El desconocimiento de las razones estructurales que impiden el desarrollo de la agricultura y la industria incluida la dependencia a la cuasi mono exportación de combustibles fósiles, lleva a Germán Vargas a pensar que las restricciones al crecimiento de la producción son de rentabilidad y que para aumentarla se requiere de la disminución generalizada de impuestos al capital.

Germán Vargas propone extender la base del IVA a casi todo, pero permite el descuento del IVA sólo en bienes de Capital, propone eliminar el impuesto a los dividendos, disminuir el impuesto de renta a las empresas y disminuir la renta presuntiva. Un paraíso fiscal que terminaría estimulando las inversiones en fracking con el objetivo de extraer lo último que nos queda de petróleo o lo único que podremos exportar de carbón antes que se detenga la demanda mundial. Una carrera rápida y depredadora por los últimos hálitos de la economía fósil que desencadenará el pillaje y la violencia.

La caída de las tasas de gravámenes al Capital imitando la reforma tributaria de Trump se hace sobre la falsedad de los datos. Para Germán Vargas la tasa de tributación de utilidades en Colombia es en promedio del 70%, cifra que se extrae no sólo de sumar el impuesto a las utilidades, sino de sumar los impuestos a vehículos, prediales, ICA, GMF y otros, que no son impuestos a utilidades, sino a activos, o peor impuestos que en realidad se trasladan a los precios y a los consumidores como el ICA que es municipal, o peor aún, contribuciones salariales a la seguridad social y la salud que van a organismos privados, dada la ley 100 y no al Estado, es decir no son impuestos. Y así con notable intención de generar el engaño público, suman todos los gravámenes y contribuciones parafiscales y lo comparan a la utilidad del ejercicio para artificiosamente mostrar una alto nivel impositivo a utilidades, como si estas los pagaran para generar la percepción de un esquema tributario injusto para los más poderosos.

Miren este cuadro que presenta el mismo Vargas Lleras en su programa económico:

Vargas Lleras I

Los gravámenes en los negocios apenas son del orden del 3,3% de los ingresos totales y los que gravan la utilidad son en realidad del 20,8% en el mismo ejemplo que da Vargas Lleras. Solo un artilugio numérico profundamente engañoso, el de comparar utilidad y total de impuestos y contribuciones parafiscales lo lleva a la tasa en promedio del 70%. Esto se llama engañar al electorado para beneficio particular.

La tesis programática de Vargas Lleras y de Uribe se sintoniza con una política mundial de reducción de impuestos al capital que no produjo como Vargas Lleras cree reactivación económica sino la crisis mundial del 2008 que se mantiene a la fecha y un crecimiento enorme de la desigualdad social en todo el mundo. El trabajo de Piketty que parece no haber leído ni el candidato ni su equipo programático así lo demuestra.

Veamos estos dos cuadros de Piketty en su libro “El capital en el siglo XXI” para documentar esta crítica.

Vargas LlerasII

Como se observa a partir de 1970 en EEUU y a partir de 1980 en Europa la participación en la riqueza total del 10% más rico de la población se viene incrementando a pesar de una crisis de empleo y productividad fundamentalmente a partir de 1997. En EEUU el 10% más rico de la población ya es dueña de la mitad de la riqueza de ese país, una desigualdad nunca antes vista en la historia de los EEUU; la reforma tributaria de Trump recientemente aprobada aumentará aún más esa desigualdad con consecuencias políticas y sociales impredecibles.

vargas Lleras III

Este cuadro de Piketty muestra la proporción del ingreso del 1% más rico de la población dentro de la totalidad del ingreso nacional en los países emergentes, nótese que a partir de 1980 la desigualdad empieza a aumentar y mire como entre estos países el menos inequitativo es China con altísimas tasas de crecimiento económico y el de mayor desigualdad, Colombia, que alcanza los niveles que tenía Argentina y Sudáfrica en 1940, es decir bajo el régimen del apartheid.

Para una desigualdad extrema que permite que un uno por ciento de la sociedad sea dueña del 20% de la riqueza total del país, se necesitan altas dosis de amedrentamiento de la sociedad misma para que lo permita, es esta la razón de las masacres, de los asesinos de masa con control territorial, es esta la razón de una labor altamente legitimadora de la desigualdad de los medios de comunicación más importantes, es por esto que fueron adquiridos no por el uno por ciento sino por el 0,001% más rico de la sociedad.

Con una desigualdad como la colombiana que se asemeja a la del apartheid de Sudáfrica no es posible la construcción de la paz y la convivencia.

La razón de esta desigualdad está en la propiedad del capital que es extremadamente concentrada como en ninguna otra parte del mundo. Por tanto un programa de paz y reconciliación tiene que abrir la propiedad del Capital, es decir de los medios que permiten la generación de ingreso y producción, a millones de colombianos. Es una extensión de la propiedad privada productiva al conjunto de los y las integrantes de la sociedad y no la enorme expropiación que del capital se ha hecho al 99% de los colombiano(a)s.

Los niveles de desigualdad extrema de Colombia, superior a la de EEUU, explican su violencia, por eso es por completo irracional un programa político de gobierno que no se plantee el doble objetivo del crecimiento económico con el de la equidad social, a menos que de manera premeditada se quiera llevar a Colombia a mayores niveles de violencia y de economías ilegales.

Por otra parte priorizar carbón y petróleo como reactivadores económicos no solo nos iguala con la falacia venezolana sino que aporta en la destrucción de la vida en todo el planeta. Es indudable como lo demuestra la ubicación de las viviendas gratis y su propuesta económica y tributaria que Germán Vargas Lleras es un negacionista del cambio climático. El Trump de Colombia.

Diferencias programáticas con Fajardo

Estas son mis diferencias con el programa de Fajardo, más adelante escribiremos sobre nuestra diferencias con Vargas y Duque que consolidan un solo bloque similar:

La lucha contra la corrupción sin el cambio de la base económica que la origina es simplemente una hipocresía. Los dineros fáciles desde el narco, el carbón y el petróleo son el objeto del pillaje y desatan el pillaje generalizado que estamos viendo en el país.

Una economía productiva de dineros trabajados disminuye la corrupción. Pensar que se acaba la corrupción porque el presidente no roba, de hecho no me robe ni un peso en la alcaldía de Bogotá y jamás he comprado un voto en mi vida, o pensar que simples cambios de norma electoral pueden acabar la corrupción como Fajardo propone es una verdadera ingenuidad, además de la conducta ética del gobernante y de un marco electoral transparente se necesita un cambio del modelo económico del sistema rentístico y depredador de dineros fáciles hacia una economía de la producción y del trabajo que hace de los dineros y de la riqueza, dineros trabajados, mucho más apreciados por la sociedad y cuidados por esta lo que provoca una disminución sensible de la corrupción. Recuerde que Mockus no se robó un peso pero fué él el que le entregó al grupo Nule la comercialización del agua potable de Bogotá.

No estoy de acuerdo en mantener como eje las EPS en salud; mi propuesta se basa en reducir su papel y quitarle la intermediación financiera a la salud y a gestión del riesgo mediante un sistema preventivo público con atención médica en el hogar y el sostenimiento desde el presupuesto del avance tecnológico y la especialización en la red pública hospitalaria nacional.

Es un error pensar que las fallas del actual sistema de salud se deben a la corrupción, los nuevos avances tecnológicos o los malos hábitos de salud como escribe Fajardo y sus aliados, aunque son problemas reales, esta manera de diagnosticar los problemas del modelo de salud oscurecen las causas del problema, el problema fundamental del sistema de salud que tiene Colombia es la enorme intermediación financiera que las EPS hacen de sus recursos. Cuando el programa de Fajardo dice que se trabajara con los mismos actores del sistema el papel de las EPS, pues las EPS por sí mismas no reducirán su papel protagónico en el sistema, no hay voluntad en el programa de Fajardo de quitarle ese papel así se unifique el régimen contributivo con el subsidiado, que de paso ya la Corte constitucional ordenó y que sin desintermediación financiera solo provoca un mayor hueco en las finanzas de los hospitales.

La restricción del papel de las EPS, es central para cambiar el modelo de Salud. El modelo preventivo, contrario a lo que piensa Fajardo no son los actuales programas de vacunación, agua potable o nutrición; va mucho más allá, implica un cuerpo de más de 40.000 profesionales de la salud distribuidos en el territorio, pagos por el presupuesto nacional, capaces de atender en sus hogares a la totalidad de la población Colombiana hasta el nivel de atención básica con capacidad resolutiva si se requiere de los otros niveles de complejidad. un ejército de la salud plantado en el territorio y dotado de capacidad resolutiva. La restricción del papel de las EPS implica sostener presupuestalmente los esfuerzos de avance tecnológico y de especialización de la red pública hospitalaria a escala nacional. Con solo mencionar la red pública pero dejarla en manos de la contratación de las EPS, solo se ahondará la crisis financiera y los cierres de los hospitales públicos.

Me separa de Fajardo pensar que la ciencia y la tecnología están en función de la competitividad. Al contrario hoy la ciencia y la tecnología se desarrollan en atmósferas de trabajo colaborativo a escala mundial, para lo cual es imprescindible cambiar el modelo de educación llevado a la competencia individual que nos rige por el de los tres amores: el amor a la naturaleza, el amor al saber y el amor al trabajo en equipo. Las redes y esta nueva concepción de la educación son las que permitirían que científicos colombianos pudieran colaborar en las investigaciones de la ciencia y la innovación tecnológica de punta en el mundo. La ciencia en el mundo avanza bajo la forma del trabajo colaborativo y no en la forma de la competencia que ha agotado su capacidad de generar lo nuevo.

El presupuesto del uno por ciento del PIB que propone la coalición se queda completamente corto para este objetivo. La extensión de las redes a todo el territorio nacional, la utilización del SENA para la apropiación generalizada de la sociedad en el uso económico de las redes y el sistema de universidad pública de calidad y gratuita entran al sistema de ciencia y tecnología de Colombia y valen mucho más que un uno por ciento del PIB, el espacio central de la investigación hoy debe ser la Universidad y para ello debe ser ampliamente financiada

Hay que reconocer que en el programa de Fajardo se incluyen los logros del programa ejecutado en educación por la Bogotá Humana. Y eso es importante dado que el programa de Fajardo en Antioquia no funcionó. El programa de la Bogotá Humana se centró en La jornada única con articulación del aprendizaje de artes y deportes, el mejoramiento de la calidad vía financiación de la preparación de posgrado del magisterio, el comienzo en la atención integral a la primera infancia, eso mismo está escrito en el programa de Fajardo.

Pero la atención integral a la primera infancia no solo necesita una mejor preparación de las madres comunitarias, hay que construir una provisión integral de servicios estatales en los hogares con niños menores de tres años, con guarderías, incluso nocturnas, con miles de jardines infantiles y profesorado profesional que cubra los tres años de preparación preescolar. Solo así Colombia saldará una deuda real de atención a su niñez que ha sido causa de la violencia durante décadas. La mortalidad infantil y la desnutrición no se corrigen manteniendo el pobre sistema de atención de los actuales gobiernos. Crear un sistema público fuerte, profesionalizado y que cubra todo el territorio con alimentación, arte , afectos, salud, y educación puede garantizar con el cuidado familiar, una infancia alegre y sana, base de un futuro país grande y amado.

No estoy de acuerdo en mantener la beca como el eje de inclusión en educación superior como propone Fajardo, el programa ser pilo paga discrimina por definición a la juventud. Necesitamos un sistema universitario de calidad, público y gratuito que permita que cualquier joven, hombre o mujer, pueda ingresar sin barreras a la educación superior; Un sistema de educación superior público y gratuito con capacidad de cobertura universal a la juventud que sale de los colegios públicos implica una inversión adicional a la existente al quinto año del programa de unos 15 billones de pesos anuales en el presupuesto educativo. Esta adición haría del presupuesto para la educación la prioridad presupuestal, la partida más importante incluso con sacrificio de los gastos menos importantes si la realidad fiscal así lo amerita, sin hacer esto solo generamos un discurso ligado a la retórica.

No estoy de acuerdo en mantener la política de privatización de servicios públicos; comenzando por el agua y la energía eléctrica debemos pasar a gestiones comunitarias del agua con el mínimo vital gratuito y a la generación de energía eléctrica en el hogar. La generación de energía eléctrica en el hogar rebaja a fondo los costos de la energía y varía sustancialmente el mercado oligopólico de la generación de la energía en Colombia. Al mismo tiempo, solo una reducción sustancial de los costos de la energía hace viable la generalización del uso del transporte eléctrico que se abarata y la producción en casa. queremos extender a las ciudades de más de un millón de habitantes el subsidio sisben al transporte público y generar una operación eléctrica, férrea y pública en las principales troncales de las ciudades, cambiando el actual sistema costoso y contaminante de buses BRT. El metro subterráneo para Bogotá y la subterranización del tramo central del metro de Medellín. La red de tranvías en la sabana de Bogotá y en la ciudad, las líneas férreas nacionales para pasajeros y carga desde el urabá chocoano hasta Maicao pasando por las principales ciudades del Caribe o los ejes nacionales férreos Valle del río Cauca, valle del río Magdalena, y la troncal férrea piedemonte Llanero. El programa de Fajardo en materia de servicios públicos solo menciona lo ya existente y no habla del principal problema de Colombia en esta materia: la privatización.

Olvida Fajardo que uno de los mayores problemas de la producción económica está en sus costos elevados por la captura de rentas en los servicios públicos, el transporte, los monopolios de importación, mucho más que en los impuestos empresariales. Colombia tiene un grave problema de sobrecostos que refleja la estructura rentística de unos grupos en el poder que solo parasitan de la escasa producción nacional a la que agotan.

Este es el punto que más me separa de Fajardo: su programa económico. La desigualdad no se trata con subsidios como dice la Coalición Colombia, la desigualdad es un problema de estructura de propiedad de los activos productivos: la tierra, el crédito y el saber. El pensamiento neoliberal llevó a la creencia que la desigualdad producida por la economía competitiva se corregía con subsidios estatales; ese pensamiento ha fracasado en el mundo que solo ha visto crecer la desigualdad a escala mundial. Colombia se ha convertido en líder mundial de la desigualdad social.

No es cierto que el empleo decente dependa de un modelo económico que apueste a las capacidades de la gente como afirma muy retóricamente Fajardo. Bajo las actuales condiciones jurídicas aún con la preparación de las y los trabajadores se mantiene la precarización laboral bajo una contratación indigna. El trabajo decente debe ser una norma nacional, una decisión del Estado. La contratación esporádica solo debe estar en trabajos transitorios. Es más, la única opción de corto plazo para la reactivación económica es el crecimiento real del salario a partir del cambio de legislación para generalizar la laboralización el mundo del trabajo asalariado. El crecimiento real del salario es el que permite la expansión del mercado interno de manera inmediata, las opciones de diversificación de las exportaciones, incremento de la producción agraria e industrial son los objetivos de mediano plazo.

Mientras Vargas y Duque proponen como salida de corto plazo a la crisis económica la reducción de los impuestos a los grandes capitales y el fracking en el petróleo, Fajardo sólo retoma las políticas de Santos fracasadas. Yo propongo incrementar el salario real a partir de laboralizar la relación salarial y acabar con los contratos civiles de corto plazo en el mundo del trabajo para aumentar el ingreso real como medida en el corto plazo para la reactivación económica.

Fajardo sólo retoma las políticas actuales de primer empleo como fórmulas de salida a la crisis económica en el corto plazo, eso no es suficiente, como lo demuestra ya el actual gobierno, el anuncio de acabar con los parafiscales que hace Fajardo solo llevaría a la destrucción del SENA, del ICBF y pondría en riesgo pensiones y salud. La disminución de la carga tributaria de las empresas en general no lleva a la reactivación económica sino a la profundización de la crisis. La reducción de los parafiscales como propone Fajardo es en realidad una reducción del salario real de trabajadoras y trabajadores. Es algo muy parecido a la rebaja de impuestos para el gran Capital que propone Vargas y Duque. Populismo empresarial se llama, pero su aplicación sólo profundizará la crisis económica de Colombia

Aunque Fajardo acoge nuestra propuesta de un modelo de pilares para el ahorro pensional y no menciona en su programa escrito lo que dijo públicamente sobre incremento de la edad pensional, lo cierto es que el primer nivel o pilar de reparto simple debe ser un fondo que se debe financiar no solo con aportes de empleados y empleadores sino con contribuciones de la economía informal, el presupuesto público y la expansión productiva del país sin lo cual ningún modelo pensional dará pensiones.

Ese primer pilar de reparto simple y universal le quitaría la mayor parte del control de los fondos pensionales a los dueños de los bancos y volvería a construir una palanca de financiación de inversiones afines al interés general.

La base de la expansión productiva de la economía colombiana es la clave de todo y se establece en la agricultura, la industria y los servicios afines pero depende fundamentalmente de poner fin al latifundio improductivo, la concentración del crédito y la concentración del saber en Colombia. La desigualdad social es el producto combinado de una concentración de la tierra, el saber y el crédito, y no como piensa Fajardo y sus aliados un problema de subsidios.

No es hablando con los bancos privados como propone Fajardo como lograremos la democratización del crédito, es con el fortalecimiento de la banca pública, las cajas cooperativas y el uso de monedas virtuales como lo lograremos y, menos aún, se podrá aumentar la producción agraria alimentaria si se mantiene el latifundio improductivo sobre el cual Fajardo no pronuncia una sola palabra. Con latifundio no habrá ni producción de alimentos a gran escala ni mucho menos industrialización ni mucho menos mercado interno, ni mucho menos base diversificada exportadora que no sea la extracción de minerales pura y simple.

No estoy de acuerdo en silenciarse ante el latifundio, si queremos expandir la agricultura de alimentos en Colombia, la producción de alimentos debe ser segura lo cual implica institucionalidad de protección al productor, conocimientos técnicos, banca agraria fuerte, seguros de cosechas y ampliación de las tierras fértiles para la agricultura en detrimento del latifundio improductivo; El latifundio improductivo debe dejar de existir en Colombia y el camino es elevar sustancialmente sus impuestos y comprar estatalmente las tierras para ser entregadas a campesinos, cooperativas y empresarios productivos.

De hecho lo que nos separa de Uribe y Vargas Lleras es la defensa, bajo la seguridad jurídica que no esgrimieron cuando desplazaron millones de campesinos de sus tierras, del latifundio improductivo.

Si Fajardo está por el mantenimiento del latifundio, no está en el campo democrático.

Si en lo interno es el latifundio, la falta de crédito y la falta de saberes la mayor restricción a la construcción de una fuerte economía productiva y a la equidad, en lo externo lo es la combinación de la dependencia hacia el petróleo y el carbón con el efecto destructor de los tratados de libre comercio.

No estoy de acuerdo en desproteger la producción agraria e industrial ante los TLC. Fajardo propone una comisión para estudiar los efectos de los TLC, eso no es sino más de lo mismo. En el fondo y lo dijo públicamente, Fajardo está del lado de mantener los TLC. Mi propuesta consiste en volver a un proteccionismo pero bajo las condiciones del siglo XXI que son las que determinan la lucha contra el cambio climático, el principal problema de la humanidad: Usar las llamadas tasas carbón, tasas  que miden la huella de gases efecto invernadero emitidos por el producto importado y se cobran como cualquier tasa a la importación de los productos encareciéndolos frente a la competencia interna. Las tasas carbón a importaciones son un instrumento eficaz y legítimo que permite proteger la producción de nuestra agricultura y nuestra industria, siempre que estas transiten hacia producciones de cero carbono. Las tasas carbón no solo son un instrumento proteccionista válido sino que estimulan la producción limpia en Colombia y ayudan a mitigar el cambio climático.

El programa de Fajardo en economía no resuelve la crisis de corto plazo, no fundamenta en realidad el tránsito hacia una economía productiva y no resuelve los peores efectos del neoliberalismo ejecutado por décadas sobre nuestra economía. Mucho menos propone una economía que pudiera generar equidad social, inclusión laboral y reequilibrio con la naturaleza.

La política de seguridad propuesta por Fajardo y su coalición piensa que a partir de la sanción de penas, contravenciones y del aumento de la población carcelaria se conseguirá más seguridad urbana y rural, supone que los comandos conjuntos, militares y policiales pueden acabar los focos de la inseguridad. En nada se distancia esta propuesta del control militar del territorio que propuso Uribe desde el 2003 y que llamó política de seguridad democrática.

 

En Bogotá Humana demostramos que hay otra política de seguridad más eficaz, sin dejar de fortalecer a la Policía y sobretodo a la justicia en este empeño. Redujimos la victimización directa en la ciudad, el porcentaje de personas que son víctimas de delitos, del 39% del 2009 al 20% en el 2015, según la encuesta de Bogotá Cómo Vamos. Lo hicimos a partir de la inclusión poderosa de la juventud popular en la educación, el arte, la entrega de espacios, e incluso de ingresos para quienes participaban en bandas delincuenciales a cambio de estudio y de dejar de delinquir.

Si se plantea una política fuerte a escala nacional de inclusión social juvenil, comenzando por Medellin y Cali, de separación de la población consumidora de drogas urbana de las mafias a partir de los CAMAD y los centros regulados de consumo, de la separación de la población campesina cultivadora de coca y mariguana de las mafias a partir de la compra estatal de cosechas, la sustitución de cultivos con créditos de largo plazo para el cultivo forestal y la entrega de tierras fértiles, podremos disminuir el poder del narcotráfico y la banda delincuencial urbana mejorando la seguridad general.

Incluso una política de desmantelamiento pacífico del narcotráfico con un endurecimiento a la reincidencia puede mejorar sustancialmente los niveles de seguridad y reconstrucción del tejido social de Colombia.

La delincuencia es una destrucción máxima de tejido social, pensar en solo medidas represivas como las que propone Fajardo sólo lleva a repetir el fracaso de las políticas de seguridad construidas y aplicadas en las últimas décadas. Una fuerza que plantee un cambio de verdad no puede caer en semejantes lugares comunes que tanto dolor y muerte han traido al país.

No estoy de acuerdo en que toda la política sobre cambio climático se reduzca a cumplir lo que propuso Santos a la COP21 como propone Fajardo, la propuesta de Santos debe ser superada sustancialmente tanto en mitigación como en adaptación al cambio climático. El gobierno de Santos olvidó que somos el quinto exportador mundial de Carbón, y que es el uso de esta mercancía el que produce con el petróleo el cambio del clima que puede acabar con la vida en el planeta; debemos transitar a una economía cero carbono y dejar de basar nuestra economía en el carbón y en el petróleo de aquí al año 2050 y este esfuerzo nos demanda saberes intensivos, redes, energías limpias generalizadas, cambios de nuestros modelos de movilidad urbana y rural,cambios en nuestras tecnologías de producción agraria e industrial, una universidad amplia y sólida para una sociedad vanguardia en biodiversidad, en diversidad cultural y en conocimiento, avalar las tristes propuestas que de manera ignorante propuso Santos en París no es más que demostrar que el tema del cambio climático no está en el pensamiento de la llamada Coalición Colombia.

Basuras Cero” Un programa para toda Colombia

Por Gustavo Petro

La alegría en la gran prensa y en los artículos de varios periodistas celebrando el fallo del tribunal de Cundinamarca que suspende la reforma estatutaria de la empresa de Acueducto de Bogotá del 2012, muestra hasta qué punto se ha dejado de investigar en Colombia y hasta qué punto los grandes intereses económicos dominan la comunicación del país

El fallo del Tribunal administrativo de Cundinamarca que anuló la reforma estatutaria que hicimos en el 2012 no suspende las funciones que la empresa tiene en aseo.

Las facultades que la empresa de Acueducto y su filial Aguas De Bogotá tienen para prestar el servicio público domiciliario de aseo se desprenden del articulo 22 del acuerdo 30 de 1958 del Concejo de Bogotá y del acuerdo 11 del 2010 de la junta directiva de la Empresa, expedido dos años antes de mi gobierno, que permitieron la facturación del aseo y la reforma del objeto social en su literal f que dice “f. Operar y gestionar proyectos de saneamiento básico integral, manejo de residuos líquidos y sólidos, energía y mecanismos de desarrollo limpio.”

El tribunal administrativo de Cundinamarca no anuló ninguna de esas normas y reformas.

El saneamiento básico es un derecho fundamental, se compone del tratamiento de residuos líquidos o alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas servidas que la empresa tiene desde su nacimiento; y del tratamiento de residuos sólidos o aseo y su respectivo tratamiento que la empresa tiene desde 1958 y explícitamente desde el año 2010.

En otras palabras, la facultad de la empresa para prestar el servicio de aseo, residuos sólidos, no nace de nuestra actuación del 2012 en la junta, sino dos años atrás en el 2010.

Es decir que el concejal del cartel de la contratación Orlando Parada quien puso la demanda contra el acuerdo del 2012 y el procurador Ordoñez, en apoyo a Parada, que apeló la decisión del juez administrativo que falló a favor de las facultades que teníamos para reformar estatutos en 2012, se equivocaron

Su intención era dañar la posibilidad de prestación del servicio de aseo por parte de la empresa pública a favor de los cuatro contratistas privados de una licitación declarada inconstitucional. Pero su ignorancia no les permitió ver que la base jurídica no era el acuerdo de la junta directiva del 2012 sino el acuerdo 11 del 2010 que no demandaron.

El objeto social de la EAB que permite operar el servicio de aseo no se estableció por decisión nuestra en el 2012 sino, dos años antes, en el gobierno de Samuel Moreno, por eso Aguas de Bogotá pudo operar el relleno sanitario.

Las decisiones que permiten operar el aseo a la Empresa de Acueducto y a Aguas de Bogotá siguen jurídicamente en pie, así Peñalosa quiera excluir ahora a la EAB y a Aguas de Bogotá de la nueva licitación. Igual sigue en pie el decreto sobre el modelo de aseo que expedí, que establece el programa Basuras Cero y la remuneración a recicladores y que aún hoy rige la operación. El Decreto 564 es completamente legal cinco años después de su expedición.

Germán Manga, periodista y profesor de periodismo, dice en su artículo en Semana http://www.semana.com/opinion/articulo/las-basuras-de-petro-de-german-manga/542848 algo completamente equivocado y desinformador.

El periodista que pide mi encarcelamiento, se equivoca no solo en cantar en alegría por el hundimiento jurídico de la operación de aseo, que como dije sigue en pie, sino en las cuentas financieras que hace de la operación. German manga dice que las pérdidas de la Ciudad son del orden de 200.000 millones. Una calumnia.

Como la mayoría de los periodistas defensores de la operación privada corrupta que se instaló desde el año 2003, solo hace la sumatoria de los costos y gastos de la operación: lo que cuesta la flota, el arrendamiento de los vehículos iniciales, el gasto de nómina; y olvida lo esencial para no desinformar a la ciudadanía: sumar también los ingresos y comparar ingresos y gastos. Lo que cualquier estudiante de contabilidad aprende a hacer en su primer mes de estudio.

Si solo esta mínima actividad investigativa hiciera, se daría cuenta que los ingresos, que provienen de las tarifas que pagan los usuarios, es superior a los gastos; que la empresa Aguas de Bogotá, quien hace la operación, realiza cada año. La empresa aguas de Bogotá ha dado utilidades y por tanto en lugar de demandar recursos de la ciudad como falsamente dice Germán Manga, los ha aportado.

Si tuviera un mínimo deseo investigativo, y no el profundo prejuicio ideológico del que padece, se habría dado cuenta que entre los gastos está la partida que año tras año repone el valor de la flota, hasta por siete años con pago de intereses a Acueducto, que si esta administración quisiera ya podría renovar los equipos por equipos nuevos sin inversión adicional, que con los fondos de reposición y con trabajadores mejor pagos, la mayoría desplazados por la violencia, aún la empresa da utilidades con tarifas menores a la que cobraban los empresarios privados de la licitación  inconstitucional del aseo.

Que el uso de volquetas arrendadas en diciembre del 2012, se debió no a la imprevisión, ya dos meses atrás se había comprado la flota nueva y estaba en fabricación, sino que para el 18 de diciembre terminaban los contratos de los operadores privados y que, según la ley, que violaron, debían poner a disposición ese día la flota de compactadores que desde ese momento eran propiedad del Distrito por la cláusula de reversión de bienes que tiene toda concesión en Colombia.

Que la flota de compactadores arrendada mientras llegaba la flota nueva se pagó con tarifas de los usuarios y no con recursos presupuestales, y que las tarifas de los usuarios no subieron, sino que bajaron en toda la ciudad. Ahora anuncian la privatización del servicio, y que coincidencia, anuncian también un salto hacia arriba de las tarifas.

Que al contrario de lo que dice Manga, no compramos excesivamente compactadores, pues una vez optimizada la operación, dejaban de laborar en Bogotá, pero podían laborar en cualquier lugar del país bajo la libre competencia, comenzando por Soacha. Manga no se pregunta porque Peñalosa no ha extendido la operación pública de aseo de la empresa de Acueducto al resto del país. No lo va a preguntar porque no entienden como una empresa pública puede expandirse tal como lo hicimos con EEB, con TGI y con ETB, y menos entienden que la operación pública se pueda extender restando mercados a los zares privados del aseo en Colombia.

Es decir, manga no puede entender que el modelo de aseo “Basuras Cero” con empresa pública incluida es más barato y más eficiente que el totalmente privatizado.

Si tuviera un mínimo criterio investigativo, Germán Manga se habría dado cuenta que lo primero que hizo el modelo de aseo que aplicamos fue quitar los cincuenta mil millones anuales, que en diez años de existencia sumó medio billón de pesos, que los empresarios privados cobraron en exceso y de manera esa si ilegal, desde el 2003, y que solo ese hecho permitió bajar tarifas, dar utilidades y pagar por primera vez en la historia a 14.000 familias recicladoras como lo ordenó la Corte Constitucional. Este cobro excesivo e ilegal fue denunciado por la Contralora General de la República sin investigación en la fiscalía y bajo el silencio sorprendente de la prensa.

Es decir que contrario a que Bogotá haya perdido 200.000 millones de pesos como afirma Manga, no le dejamos perder a los usuarios medio billón de pesos que ilegalmente le cobraron desde el año 2003 hasta el 2012.

Un modelo de aseo legal hoy, que ha operado durante cinco años, que cumple la sentencia de la corte sobre recicladores, que es más barato a los usuarios del aseo, léase a toda la Ciudad, que da utilidades, pero que  como tiene un eje vertebrador en una empresa pública y no en el negocio fraudulento de los amigos contratistas de varios directores de medios de comunicación es falseado, desinformado y condenado a perecer para fortalecer de nuevo el negocio de cuatro zares, alguno de ellos con vínculos con el paramilitarismo narcotraficante, y aplastar a quienes se opongan comenzando por los vecinos del relleno sanitario, los pobres, los recicladores, y la población femenina víctima de la violencia que son la mayoría de los trabajadores de Aguas de Bogotá.

El programa basura Cero es un programa mundial que busca mitigar el cambio climático a partir de eliminar progresivamente los rellenos sanitarios y reemplazarlos por el reciclaje. Cuando la ciudad sea retornada al modelo anacrónico de enterradores de basura privados a altos costos financieros y ambientales, se verá con mayor brillo lo que Bogotá humana hizo en el aseo.

Me propongo si llego a dirigir el país, extender el programa Basuras Cero a toda Colombia. El Reciclaje es imperioso y el saneamiento básico como derecho debe transformarse en una realidad.

PD: y para información del periodista que menciono, mi restitución a la alcaldía en abril del 2013 se debió no a la medida cautelar aprobada unánimemente por la CIDH y rechazada por Santos, sino a la tutela de la sala de tierras del tribunal civil de Bogotá y a la medida cautelar del magistrado del Consejo de Estado Gerardo Arenas, aún hoy vigente.

UNA POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA COLOMBIA HUMANA

Asistí al congreso de la banca, y luego al d empresarios industriales, ambos efectuados en la ciudad de Cartagena, con la intención de exponer mis tesis que de manera anticipada ya sabía que no eran de buen recibo sobre todo entre el mundo financiero de Colombia, como que propongo sacar los recursos del ahorro obligatorio para pensiones y salud del control de los dueños privados de la banca.

Quería en cierta forma al mirar directamente a los ojos de las personas con las que me encontraba, escudriñar su mirada, muchísimas veces, debo decirlo, llenas de odio y desdén. Pero sobretodo, sabedor que en el mundo de la industria existe una inmensa cantidad de prejuicios, quise exponer mis tesis con franqueza para evitar cualquier malentendido. En el congreso de la ANDI sentí que el volumen de los aplausos a los diferentes precandidatos dependía del volumen del discurso de la guerra interna y de la probable, externa. Era fácil sacar un buen aplauso si solo se hablaba de la guerra y la mano dura. Pero, debo decirlo con franqueza, en el mundo de la industria ya no hay unanimidad.

A tal punto ha llegado la polarización política en Colombia, en mi opinión inocua, en tanto no se construye alrededor de propuestas de política pública, sino alrededor del simple odio, el odio a las Farc, o del creciente odio a quienes gobiernan Venezuela, que los mismos industriales desconocen que una guerra convencional, como lo demuestra la historia mundial, destruye los fundamentos mismos de la riqueza. El miedo aniquila la razón.

Tuve que decir que si los industriales quieren una guerra tendrían que cambiarse el vestido de empresario por el uniforme. Solo la economía de la guerra se desarrolla en una guerra. La producción es un asunto de la Paz.

Y porque la producción es un asunto de la Paz decidí explicar mi propuesta para la industrialización de Colombia al pequeño grupo de industriales del país. Y ahora quiero extenderla a ustedes.

Colombia tiene una economía hoy semejante a la venezolana. El miedo a convertir a Colombia en una Venezuela es infundado, ya eso se produjo. A partir del código minero de Pastrana, al que me opuse en el Congreso anunciando el camino equivocado que asumía la casta política tradicional, camino que profundizaron por igual, los dos gobiernos de Uribe y los dos de Santos y Vargas Lleras, el modelo económico colombiano se centró en la casi mono exportación de petróleo y carbón.

Nosotros proponemos transitar hacia un modelo que convierta a Colombia en potencia agraria y ambiental y permita el desarrollo integral de la industria. Es decir proponemos todo lo contrario a lo que ha sido tanto en la Venezuela de hoy como en la Colombia de hoy.

El mayor enemigo de la industrialización está en el latifundio improductivo, en la degradación de la estabilidad laboral y el salario, en la renuncia a la educación de la sociedad y en las rentas de exportación del petróleo y el carbón. Latifundios y extracción de recursos que el azar geológico nos dejó solo genera rentas, no ganancias productivas, porque los minerales, carbón y petróleo, y la tierra no son un proceso productivo, simplemente, están ahí.

Si las rentas provienen del exterior por el aumento del precio internacional del petróleo, y por la prohibición mundial al consumo de cocaína, se produce lo que se llama la enfermedad holandesa.

Todas las ramas productivas no ligadas al petróleo, el carbón o la cocaína, desaparecen paulatinamente. La revaluación del peso, por el alto flujo de dólares, abarata las importaciones y se muere nuestra actividad interna agraria e industrial.

Las rentas fósiles y las de la cocaína se mueven en el mundo financiero, por eso las utilidades financieras crecen exorbitantemente en Colombia mientras no crece la economía real; las rentas de la cocaína, al narcotráfico haber comprado o desalojado la tierra, se traducen en la renta de la tierra es decir en el valor del suelo, rural y urbano.

La renta es una transferencia de riqueza y no una producción de riqueza. Por eso cuando parte de la riqueza del país y del mundo se traslada a los propietarios de la tierra, se llama rentas del suelo, a los propietarios de bancos y fondos, se llaman rentas financieras, a los propietarios de las rutas de exportación ilegal de cocaína, se llaman rentas cocaineras, o a los propietarios del petróleo y el carbón, se llaman rentas a multinacionales y regalías al Estado; Las rentas, olvidó nuestra clase política corrupta, matan la producción.

Vivir de la renta es fácil y vivir de la producción es difícil. Las rentas crecen con la guerra, la producción crece con la Paz.

El problema es que las rentas no son sostenibles sin producción y llevan regiones enteras del planeta a la barbarie.

Por tanto, una de las tareas del desarrollo de una economía productiva, fuerte e incluyente y de la industrialización que es imperiosa, es la reducción de las rentas y el incremento por tanto de la inversión productiva.

Volver productivo el agro colombiano con sus 15 millones de hectáreas que ya son fértiles, de las cuales solo se usan seis, implica una nueva gestión del agua desde la perspectiva del cambio climático, implica reconstruir las instituciones del saber agrario, el crédito de la banca pública que debe coger sus ingresos de las grandes ciudades y el ahorro externo, y ojo, la democratización de la tierra.

El uribismo y el Vargas Llerismo juntos, hoy bajo la falsa etiqueta de la seguridad jurídica, que, eso si no es válida para los trabajadores a los que reducen salarios y estabilidad, ni para los campesinos y campesinas a los que expropiaron por millones de hectáreas y de manera violenta sus tierras, lo que pretende es legitimar el despojo y mantener el latifundio improductivo en manos de narcos o de un gran empresariado sin mirar siquiera que ya Colombia tiene la máxima inequidad y desigualdad en el campo, que su campo no es más que un feudalismo tardío ensangrentado.

No lo dicen los economistas neoliberales en los que cree un reducido empresariado, pero los economistas clásicos siempre dijeron que la industrialización implica un cambio fundamental en el campo y la reducción de la renta de la tierra.

La experiencia mundial de la industrialización muestra que sea en EEUU, o en Rusia, sea en Europa o en China, sea en Japón o Corea, la industrialización siempre ha comenzado por una amplia reforma agraria y la modernización del campo.

Desarrollar un campo productivo y democrático, que convierte al campesino en granjero y ciudadano es una de las tareas urgentes que emprenderemos. El campo productivo nos lleva a la agroindustria, es decir, a aumentar el valor agregado de los bienes primarios de la agricultura, todo municipio colombiano si el campo fuese productivo podría ser agroindustrial. Lo que proponemos es impulsar esa industrialización básica en los municipios con el cooperativismo industrial. Centenares de miles de puestos de trabajo, aparecen precisamente allí donde los jóvenes no tienen nada que hacer, y no serían empleados sino emprendedores. Municipios rodeados de agricultura nos permiten municipios vivos.

Lo que queremos es volver a millones de colombianos empresarios y fundamentalmente a mujeres y jóvenes como prioridad. Y no como pretende el discurso falso de la clase política esperar grandes empresarios de Colombia o del extranjero que nunca llegarán.

La casta política ha ignorado hacer la reforma en el agro que posibilita la expansión de la industria, prefieren vivir de las rentas petroleras y cocaleras y condenan a la sociedad a una economía raquítica sin puestos de trabajo y oportunidades.

Ahora bien, no solo se trata de expandir la agroindustria. Si se quiere una industrialización sostenible en el tiempo, es imprescindible desarrollar el sector productor de bienes de capital, producir máquinas, y producir máquinas para hacer máquinas, que es profundamente intensivo en conocimiento y ciencia y, sin el cual no hay jalonamiento sostenible de la economía.

Desarrollar un sector productor de bienes de capital implica desarrollar el mercado latinoamericano y la expansión de la universidad pública en Colombia. La universidad permite el saber para la producción de máquinas y la Ciencia para la producción, y el mercado latinoamericano es esencial para asegurar sus economías de escala.

La industrialización integral es el desarrollo de los tres sectores de la industria, la de bienes de consumo no durables y durables, la de bienes intermedios, químicos y otros y el de bienes de capital, sin este último todo lo demás falla.

Contrario a la política económica tradicional de la casta política, la industrialización implica un amplio mercado interno, es decir, buenos salarios, ingresos reales para cooperativistas e ingresos al campesino gracias al incremento de su producción. Es sobre la base del mercado interno que pueden crecer sectores industriales como los de bienes duraderos y no duraderos.

Toda la política económica colombiana construida para segregar al campesino y literalmente aniquilarlo, para disminuir salarios reales, tercerizando o quitando el recargo por jornadas nocturnas, o quitando estabilidad laboral, convirtiendo a mujeres trabajadoras en víctimas del acoso sexual de sus jefes y en general condenando a profesionales y trabajadores al infierno de los contratos a tres meses, reduce el mercado interno y no permite la industrialización.

La clase política colombiana ha generado una economía depredadora que se aniquila a sí misma. Lo que tenemos es una economía raquítica que no incluye a más de la mitad de los colombianos

Una economía fuerte debe contemplar el desarrollo de la industria pesada, la de los bienes de capital que implica un mercado más amplio que el mercado interno, y ese es el mercado latinoamericano. La industrialización de Colombia no es posible sin integración latinoamericana, la paz en nuestra región es fundamental. Los industriales que aplauden la violencia no solo en Colombia sino después de nuestras fronteras, están afectando de manera ignorante, sus propios intereses.

La industrialización y el empoderamiento productivo del campo requieren una infraestructura específica que el Estado debe asumir: Esta es la priorización de la infraestructura pública a la que nos comprometemos:

  1. La infraestructura del agua, que tiene que ver con los acueductos y tratamientos para el consumo de agua potable permanente y de alta calidad en todo el país, y la que tiene que ver con el embalse del agua lluvia en inviernos para ser usada para la agricultura en sequías
  2. La red ferroviaria nacional, que implica metro y tranvías en las áreas urbanas. Las líneas nacionales a desarrollar son. Neiva-Barranquilla; Cali-Montería; Villavicencio-Frontera en Arauca; y las transversales Bogotá-Buenaventura, Bogotá-Villavicencio, Medellín-Rio cauca, Medellín-Rio Magdalena, y la gran transversal Riosucio-Riohacha que pasaría por Urabá, Monteria, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Sta. Marta y Riohacha.
  3. La generación de energías limpias basadas en el agua y el sol. Cada municipio será generador de energía solar. Ecopetrol se reconvertirá a ser la mayor generadora de energía solar de América Latina
  4. La extensión de sedes universitarias par la vinculación de 500.000 estudiantes año adicionales, para sumar dos millones y medio más en cinco años.

¿Cómo se financia la industrialización?  La financiación de un proceso de industrialización debe provenir del ahorro interno y del externo, el ahorro interno hoy es forzoso, está en los fondos privados de pensiones bajo control de los propietarios de los bancos, y en el sistema de salud, bajo control de las EPS, por esa razón se necesita una reforma al sistema de pensiones y de salud y el establecimiento de una fuerte banca pública que parta del Banco Agrario pero que desarrolle su captación de ahorro en las grandes ciudades y en operaciones en el exterior, ese ahorro hay que conducirlo a la  inversión en el agro y la industria, al cooperativismo industrial, al campesino y campesina convertidos así en granjeros. El banco agrario e industrial será de última tecnología, y tendrá juntas regionales de administración con participación de campesinos y cooperativas agroindustriales.

Ahora bien, es indudable que el Estado además de hacer un esfuerzo en infraestructura que solo es posible financiar con lo poco que queda de la renta petrolera y con endeudamiento, debe hacer un esfuerzo en aumentar los gastos recurrentes en el presupuesto para la industria, el agro y sobretodo, la educación pública. Solo que ingrese medio millón de estudiantes adicionales a la universidad pública cada año, vale 15 billones de pesos al año, adicionales al presupuesto actual de la educación, que es tan solo de 30, lo cual implica una reforma tributaria que quiero presentar y que giraría alrededor de la simplificación tributaria y los impuestos sobre las rentas improductivas.

La escala más alta del impuesto predial a la tierra improductiva, el incremento de impuestos a las rentas financieras, el impuesto carbono a las importaciones, es decir una especie de arancel por el grado de emisiones de CO2 que las mercancías tengan en su proceso de producción o en su utilización, de esta manera habría una protección importante en la agricultura colombiana, y finalmente el fin de todas las exenciones que lleva a la elusión tributaria.

El impuesto a la tierra improductiva permite precisamente que se vuelva productiva en coherencia con nuestra propuesta; el impuesto carbono a importaciones nos permite la protección de la agricultura e industria a una competencia externa que se ha construido sobre productividad sin internalizar los costos ambientales en los que hace incurrir al planeta, así podríamos enfrentar la exclusión de la canasta básica familiar en toda su cadena de producción del IVA para aumentar el consumo y por ende el mercado interno.

La actual economía colombiana excluye a la mitad de la población, entre el desempleo abierto y la informalidad de baja productividad y los bajísimos ingresos.

La casta política temerosa no quiso hacer las reformas que implica la industrialización desde los tiempos en que Alfonso López Pumarejo la prometió en la Revolución en Marcha, la consecuencia es el atraso, la pobreza y la enorme desigualdad del país. Nos comprometemos a hacer las reformas que el liberalismo histórico incumplió.

En resumen, sostengo que impulsar un serio proceso de industrialización implica reformar el agro, incentivar el cooperativismo y la asociatividad, fortalecer la banca pública, disminuir las rentas, hacer una reforma tributaria pro producción, hacer saltar sustancialmente el presupuesto de la educación pública, reformar el sistema pensional, y fortalecer el mercado interno y latinoamericano. Espero el debate.

Las diferencias entre la Colombia Humana que proponemos y Maduro

Es claro que, desaparecida la lucha armada en Colombia, esta dejó de ser la causa del miedo construido en la sociedad colombiana. El país estaría a punto de vivir como no lo ha hecho en décadas, la sensación de la ausencia del miedo dada la desaparición de las guerrillas de las Farc y prontamente del ELN. La sociedad sin miedo es la posibilidad concreta e inmediata de la sociedad democrática.

El miedo ha sido el instrumento fundamental con el que una casta política hereditaria ha podido gobernar sobre una mayoría de la población a la que ha excluido de las decisiones fundamentales y de la producción y el reparto de la riqueza. Esa casta política se ha hundido, hoy en una corrupción sin límites y ha llegado a niveles de incapacidad extremos para solucionar los problemas fundamentales que aquejan a la sociedad.

Desde el pasado el miedo ha sido el instrumento de la dominación.

Con el miedo buscaron quitarle las mayorías a Gaitán tildándolo de comunista, y al final lo asesinaron cuando él logró, a pesar de las masacres desatadas, la movilización nacional de las mayorías desposeídas y las clases trabajadoras que representaba.

Posteriormente, con el miedo desatado por el chulavismo, lograron paralizar la energía del pueblo gaitanista que buscaba las reformas democráticas prometidas desde el gobierno de Pumarejo. El país fue gobernado durante doce años por los aliados de Hitler, Mussolini y Franco, sin siquiera un tribunal que condenara los crímenes cometidos: un verdadero genocidio.

El miedo ha sido el instrumento de la dominación, de la subordinación de toda una sociedad a lo injusto, a la sinrazón, a la adoración irracional de la muerte misma, al matarse entre sí, a la corrupción. Tras el miedo nos han hecho odiar la paz, al otro diferente, a la diferencia, a la posibilidad del cambio, a quienes nada tienen y andan sin nada por las calles, a quienes

El miedo produce la desconfianza al cambio y la aceptación pasiva de la ignominia.

Así han podido impedir que se configure una mayoría democrática en Colombia. Han construido en la clase media el miedo al campesino y al joven de la barriada popular. Le tienen más miedo “al de abajo” que ven como amenaza, que a los dueños de los bancos que la dejan sin pensión, sin casa y sin trabajo. Con el miedo han impedido que los y las trabajadoras se organicen e incluso odien la organización, con el miedo silenciaron al campesino y le quitaron su derecho de ciudadanía. Con el miedo desataron un genocidio político sin resistencia en el país.

Ante la desaparición de las guerrillas y la lucha armada en Colombia, las castas políticas corruptas necesitan urgentemente una nueva razón para el miedo. De eso depende su continuidad en el poder.

Con la ayuda de los medios de comunicación más importantes, cuyos propietarios también necesitan del miedo, para vender más noticias, han encontrado la nueva bandera que aterroriza: el gobierno de Maduro, su política económica, o como la han denominado últimamente: el llamado “castrochavismo”, aún con Castro y Chávez ya muertos.

La estrategia consiste en llenar la conciencia de la gente con imágenes de un gobierno vecino, que permita el odio, la indignación generalizada, y logrado el efecto, los dueños de la estrategia, proceden a señalar a todos los que plantean un cambio en Colombia como imitadores de ese “modelo”. Así de nuevo surge el miedo y lo usan para generar la desconfianza contra todos los que plantean el cambio. Esperan así que ese miedo lleve a la gente a votar por los mismos para que continúe lo mismo: la violencia, la desigualdad social, la economía raquítica y fósil y sobretodo, el pillaje. La incapacidad, la injusticia y la corrupción quedan ocultas con el nuevo miedo.

Por tanto, hay que desnudar la mentira del miedo, si queremos la transformación de Colombia, si queremos un país que pueda dotar igualitariamente de capacidades a su gente y permitirle usarlas en libertad, y si queremos una democracia profunda en nuestro país.

¿Pretendemos construir en Colombia una imitación de la Venezuela actual y uniformar a la sociedad con boinas rojas?

El modelo venezolano se afinca en la distribución social de una renta petrolera, que es el producto del azar geológico y de su precio internacional y no de la capacidad productiva de su sociedad. Como toda renta, si su precio es alto, puede ser captada por grupos minoritarios como en las monarquías árabes, y enriquecerlos sustancialmente, o puede socializarse al conjunto de la población, o a clanes o tribus extensas, como intentaron líderes carismáticos y caudillos, como Nasser, Gadafi, Hussein o Chávez. Muchas veces el intento de socialización de la renta petrolera fue el reemplazo de una casta que se la apropiaba por otra.

Como lo demuestra la realidad, al bajar el precio del petróleo, se cae todo el edificio. Pero el descenso del precio del petróleo no es producto del azar; tanto su ascenso como su descenso, se construye políticamente y muchas veces ese camino político es la simple y terrible violencia bárbara. Vemos hoy, por ejemplo, zonas enteras en el medio oriente que quedan con su Estado destruido y con una desvertebración violenta de toda la sociedad impulsada por agentes externos con alta capacidad de destrucción y de terror.

Las invasiones de hoy en esos países no buscan reemplazar violentamente gobiernos por oposiciones, para supuestamente restablecer la democracia, sino que, como lo vemos en Siria, Irak, Libia, y Palestina, destruyen a la oposición, a los gobiernos, a los Estados y a las sociedades mismas. Zonas sin Estado, cubiertas por el pillaje militar de nuevos fascismos con ropaje religioso y sociedades nómadas sin destino y sin capacidad, aterrorizadas. Los nuevos “asesinos de masas” como los llama el filósofo Alain Badiou, dominan el territorio. En esas zonas solo prosperan los negocios del pillaje de las multinacionales del petróleo y del crimen.

Las zonas sin Estado y de los asesinos de masas, ya no solo están en el medio oriente, han pasado a Africa, el Sudán, Somalia, el Congo minero, la Nigeria poderosa también como país petrolero, y del Africa, las fuerzas que planifican la destrucción de estos Estados y Sociedades, sin destruir sus riquezas mineras, eso si, que se apropian, buscan pasar a la rica América Latina. Colombia ya ha sido un territorio explorado y martirizado por los “asesinos de masas” que crecen con el narcotráfico y que nosotros llamamos paramilitares.

El petróleo y el carbón no solo son las materias primas energéticas que producen el cambio climático y que entraña la amenaza más seria contra la vida en el planeta en millones de años ya transcurridos, sino que, además, conduce por dinámicas políticas, sociales y militares que produce la captura de la renta petrolera y que llevan a la barbarie.

Venezuela como país petrolero, padece los problemas de la distribución de la renta y la crisis de la caída del precio del petróleo, pero amplificados por una pésima política económica. Venezuela puede rehacerse a partir del dialogo de su sociedad en paz o seguir el camino de Siria e Irak. A la clase política corrupta de Colombia le conviene el camino de la violencia, es ese camino de destrucción social el que posibilita la generalización del miedo en nuestra propia sociedad. Pero el camino de la violencia en Venezuela, como el de Colombia, no implica para nada el reemplazo de un régimen por una democracia depositada como valor en virtud de los medios de comunicación, en la oposición; solo ingenuos pueden creer eso, el camino de la violencia tanto en Colombia como en Venezuela solo destruye sociedades y estados, no simplemente gobiernos, y deja el territorio en manos de los “asesinos de masas” y del pillaje, y claro está, de las multinacionales y sus negocios de minerales. La democracia en el mundo de hoy, no es producto de la injerencia de intereses ajenos a las sociedades sino solo producto del acuerdo propio de esas sociedades.

¿Es posible plantear seriamente una reproducción del modelo venezolano en Colombia? La respuesta es ¡No!

En primer lugar, porque lo que buscamos las fuerzas del cambio no es como repartir la renta petrolera o carbonera, sino como pasar a una economía con alta capacidad productiva, es decir cimentada en el trabajo y el saber humano.

La experiencia que la depredación del carbón y del petróleo ha dejado en la sociedad colombiana y en la naturaleza y el agua en nuestro territorio, nos ha permitido ver con claridad que nuestro camino no es construir un país inmerso y dependiente de la renta petrolera, o carbonera, a ese tipo de país nos llevó Pastrana, Uribe y Santos. Nada más parecido a la economía venezolana que la economía que nos ha dejado Pastrana, Uribe y Santos. A esa economía dependiente de la extracción de materias primas que producen el cambio climático en el mundo y que acaban todas las ramas de la economía productiva en nuestro país, la he llamado la Economía Raquítica y Fósil. El camino que proponemos como fuerzas del cambio es el de ser una potencia agraria y que desarrolle con fortaleza la capacidad industrial; y para ello debemos alejarnos del carbón y del petróleo.

Para construir una economía de alta capacidad productiva agroindustrial necesitamos no solo de la capacidad activa, planificadora y reguladora del estado, no solo de la capacidad de las ciudadanías locales para determinar el uso de su territorio, sino de la participación activa del mundo privado del país. Financiar un proceso de industrialización no es fácil, lograr una tenencia democrática sobre la tierra y el agua que nos permita usar su potencial productivo no es fácil; y no lo puede hacer solo el Estado. El mundo de la agricultura y del emprendimiento industrial es fundamentalmente un mundo privado del que se espera asociatividad y pluralismo democrático. Podemos construir cooperativas industriales en el pequeño y mediano municipio, con las gentes de allí mismo, asociaciones de trabajo para la economía creativa e inmaterial en las grandes ciudades, podemos lograr asociatividad de los campesinos y campesinas en pos de su transformación en granjeros, pero todos esos esfuerzos de crecimiento de la capacidad productiva, pasará siempre por la libre decisión de personas que son libres e independientes al Estado. Personas libres que para ser libres tienen que gozar de la educación y la cultura. Por eso la mayor capacidad que el estado puede entregar para la libertad, además de la vida física, es el impulso a la educación y la cultura universal.

Como lo demostramos en Bogotá Humana, no expropiamos a nadie, no alteramos la forma de vida de la clase media alta de la ciudad, no molestamos a ningún oponente del gobierno, ni a sus expresiones políticas, no intervenimos sus comunicaciones, ninguna familia tuvo que salir del país por nuestra acción gubernamental. Bogotá Humana logró una ciudad que pudiera reconocer su propia diversidad cultural como fuente de riqueza. La diversidad fue nuestra consigna: la Democracia multicolor.

La Bogotá Humana no repartió simplemente rentas, sino, sobre todo, capacidades. Alimentar al niño y la niña en su primera infancia, llevar el médico al hogar del estrato uno y dos de manera permanente, llevar la música clásica y la cultura a la niñez y a los colegios, lograr la inversión más alta en educación del país y de la historia, sostener por justicia y deber moral al viejo, lograr una movilidad que incluyera a los que tenían que caminar a la fuerza largas jornadas, o hacer del agua un derecho, no son formas de repartición de renta que anulen las capacidades productivas, sino que educación, salud, movilidad incluyente, cultura, son instrumentos, que incrementan las capacidades productivas de la sociedad.

No solo disminuimos la pobreza y la desigualdad social a su grado históricamente más bajo, sino que Bogotá Humana logró la tasa más alta de ocupación laboral de la historia de la ciudad.

El estallido espectacular de la cultura y el arte, tanto en su producción como en su presentación que vivimos en la Bogotá Humana, mostró un Estado capaz de brindar espacios, muros, lugares, y recursos, para la creación libre de las personas. El Estado en la Bogotá Humana no anuló la libertad de las personas, sino que se puso a su servicio.

Bogotá Humana mostró una institucionalidad pública que acompañó y no sustituyó la libertad humana.

Por eso no se puede equiparar nuestras propuestas económicas a las que se practican en Venezuela, y muchísimo menos, la práctica que sustituye la financiación del petróleo, dada la caída de su precio internacional, por la emisión de dinero para financiar el gasto social, lo cual provoca la hiperinflación.

Nos interesa mantener una disciplina monetaria que garantice que nuestros esfuerzos se centren en el crecimiento real de la productividad de la sociedad colombiana. El gasto social imprescindible para la disminución de la pobreza y la desigualdad no puede financiarse ni con rentas que dependen de factores externos, como la del petróleo y el carbón, y que se evaporan, ni por emisiones monetarias inflacionarias. El enriquecimiento general de una sociedad solo depende de su productividad, de su trabajo.

No nos interesa una economía de puerto que entregue la alimentación de su sociedad a las importaciones y por tanto a los intereses que manipulan la importación. Venezuela importa toda su alimentación y Colombia ya importa 13 millones de toneladas al año. Nosotros para convertir a Colombia en potencia agroindustrial y ambiental debemos reemplazar la importación por producción nacional lo que implica no solamente un papel activo del Estado, sino muy activo de sus campesinos y campesinas, de las universidades y de los y las emprendedoras que quieran producir alimentos. Y para convertir a Colombia en potencia ambiental debemos revitalizar nuestros ecosistemas, ordenar el territorio alrededor del agua y separarnos paulatina pero decididamente del carbón y del petróleo.

Así que lo que proponemos nada tiene que ver con la pretensión de los medios de ponernos una boina roja.

La democracia multicolor que proponemos para la Colombia Humana es un cambio real del país que se medirá en que las personas puedan ser lo que quieran ser. La política del amor, implica la comprensión del otro y de la otra, el entendimiento de lo que no es uno mismo, una construcción compartida, a dos, como dijera el filósofo Badiou, que es en realidad a millones, a multitudes.

Así que no se dejen engañar de los constructores del miedo, porque son ellos los constructores reales de la muerte y del pillaje en Colombia.

 

 

 

 

 

 

La Policía Política de Vargas Lleras

Después de una multa por ochenta millones de dólares que me impuso arbitrariamente la Contraloría por no subir las tarifas de Transmilenio, y ahora que ha sido admitida la demanda contra esa decisión por el tribunal administrativo de Cundinamarca, se propone el contralor de Bogotá Juan Carlos Granados, ex gobernador de Cambio Radical de Boyacá, imponerme una nueva multa por más de 230 millones de dólares.

Además de embargar mis bienes que no eran sino dos cuentas de banco sin fondos que tenía desde hacía más de 30 años, y de impedirme laborar en mi país, el contralor Granados ha embargado los bienes del secretario de hacienda Ricardo Bonilla, gran profesor de economía de la U Nacional, de Aldo Cadena: un rancho de paja en Magdalena, y del actual alcalde de Ibagué y secretario de salud de Bogotá Humana: Guillermo Alfonso Jaramillo: tres hectáreas de tierra.

Se trata de una labor sistemática de persecución contra los dirigentes del Progresismo hecha desde un aparato administrativo del Estado usado como fortín de la clase política corrupta de la capital y de Vargas Lleras mi oponente hacia la Presidencia de la República.

En su actividad de embargo y de incautación de bienes, como lo hacía el partido conservador contra los liberales a principios del siglo XX, la policía política de Vargas Lleras se encuentra sorprendida. Entre más sube en la jerarquía de funcionarios de la Bogotá Humana, menos bienes tienen. ¿Que sucedería si esos embargos se hicieran contra la familia Uribe, los dirigentes uribistas o los de Cambio Radical, incluida la familia de Vargas lleras?

Para lograr tamaño desatino el contralor Granados, con varios procesos en la fiscalía por corrupción, ha quebrantado la ley varias veces.

En primer lugar, cuestiona mis decisiones expresadas a través de mi decreto tarifario, o las tomadas conjuntamente en la junta directiva de la EEB, cuando son asuntos que no me convierten en sujeto fiscal, ni están contempladas en la ley que regla el control fiscal.

Sabedor de ese prevaricato el contralor Granados excusa su actuación asimilando para sus procesos administrativos las presunciones de causa grave que se encuentran en la ley de la acción judicial de repetición, olvidando que ese proceso está reservado exclusivamente para los jueces, goza de todas las garantías de los procesos judiciales y no puede ser asimilado por autoridades administrativas que no tienen poder de sanción.

Las presunciones de culpa grave del proceso judicial de repetición son: a) haber sido condenado penal o disciplinariamente por los hechos y b) infringir flagrantemente la ley. Ninguna se produce en mi conducta.

Pero es así como logra multas tan altas, que no han sido impuestas a ningún colombiano, ni siquiera aquellos condenados penalmente por corrupción, como el caso de los empresarios de obras del cartel de contratación o el alcalde Samuel Moreno.

Las multas que me ha impuesto Granados son más altas que lo que le pagaron a Colombia como indemnización por robarse Panamá, o las que pagó el gobierno alemán como indemnización por la primera guerra mundial.

Tamaño exabrupto se hace bajo el silencio de la prensa, cuyos directores en el fondo se complacen con las medidas, bajo la inacción del Presidente de la República, y bajo la mirada del Contralor General de la Nación que luego de estos exabruptos se extraña porque demandan el poder de su órgano administrativo para eliminar derechos políticos de los ciudadanos colombianos, tal como lo hizo Alejandro Ordoñez en su momento.

Mi decisión de construir una tarifa diferencial que no es un subsidio, y de establecer el subsidio Sisben, ese si subsidio, permitió que medio millón de personas, de los estratos con menos capacidad de pago de Bogotá se subieran diariamente a un bus, cuando antes por razones económicas hacían largas jornadas a pie, logró disminuir los tiempos promedio de movilidad de Bogotá y desacelerar el uso del carro y la moto logrando una base de mayor sustentabilidad en la movilidad, medidas que debían ser acompañadas de la construcción del metro y los tranvías que el mismo contralor Granados ha dejado suspender. El decreto de tarifas es hoy plenamente legal y se expidió bajo mis competencias constitucionales y legales como autoridad de transporte de la ciudad.

No solo el decreto de tarifas es legal, sino el del POT, el del aseo. Tenemos la paradoja, imposible en un país democrático en donde se me multa y se me intenta quitar mis derechos políticos por medidas que expedí y que los jueces han declarado legales, o donde no han encontrado razones hasta el momento para declarar una ilegalidad de mis actuaciones.

El proceso por el cual se compraron al grupo privado extranjero CITI sus acciones en TGI, fue acompañado de la mejor asesoría técnica, la empresa que valoró las acciones: Sumatoria, es de la mayor experiencia y prestigio en Colombia en valoración de empresas, sus dueños no tiene la más mínima afinidad ideológica o política conmigo, y yo me ceñí a su consejo técnico que mostraba que dicha operación sería la más rentable para la EEB y por tanto para los intereses de Bogotá en por lo menos la última década. Y Así fue.

La rentabilidad esperada del 28% en el primer año fue del 35%, en el 2014; en ese año logramos la primera repartición de dividendos por 600.000 millones de pesos, y TGI se convirtió en el mayor aportante de utilidades a EEB, desplazando a Codensa en ello. Convertí a TGI en la joya de la Corona de EEB.

Al contrario del detrimento patrimonial que pregona Granados, la empresa EEB duplicó su valor entre el 2011 y el 2015, lo cual significa un sustancial incremento del patrimonio de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, por estos logros se me multará con 230 millones de dólares. Granados con funcionarios sin los conocimientos técnicos y la experiencia de Sumatoria, dice que esa empresa se equivocó en su método de valoración y que por tanto yo soy culpable por haber seguido su estudio.

Como en las decisiones de EEB participaron personas cercanas a Santos, a Luis Carlos Sarmiento y a Vargas Lleras, Granados comenzó por exonerarlas, y algo sin precedentes: la oferta con el precio exacto de la acción propuesta por EEB al CITI se hizo cuando no era alcalde y el alcalde era Pardo; sin embargo, a Pardo lo exoneró y a mí me acusó.

Granados fue un gobernador de Boyacá con serios cuestionamientos de corrupción, que el fiscal Néstor H Martínez no investiga, dado que Granados es militante de cambio Radical. Granados oficia como la policía política de Vargas Lleras y trata de debilitar la fuerza del progresismo y mi candidatura presidencial no por métodos democráticos, el de la confrontación de tesis y programas, sino con el método tradicional de la oligarquía: la eliminación del rival.

Completo año y medio de casi absoluto bloqueo económico. Sin ingresos excepto algunas conferencias, mi familia ha podido apenas resistir, mis hijos estudiar. No tengo ni cuentas, ni tarjetas, ni opción de empleo alguno. De no ser por los apoyos de simpatizantes en el país que me han permitido que me pueda mantener en Colombia, mi familia tendría vulnerada las condiciones mínimas de existencia física. Gracias al apoyo de personas humildes y trabajadoras en todo el país puedo mantener erguida la bandera progresista.

Pero Vargas Lleras está preocupado por las encuestas, no entiende del porqué de su fortaleza y agudiza su represión a través de su policía política enquistada en órganos del Estado contra la dirigencia progresista y contra mí.

Creo que es el momento de movilizarnos, de convocar las fuerzas que defienden la democracia en América y en el mundo, de solicitar a la justicia su acción. Si nosotros dejamos violar nuestros propios derechos políticos fundamentales, no tendremos autoridad para defender los derechos de la sociedad colombiana.

Vargas Lleras está demostrando la clase de gobernante que sería si es elegido. Las posibilidades de la Paz y de la democracia serían mínimas. Entre más nos persigue es porque más razón y fuerza tenemos. Saben que fuerzas importantes del pueblo nos acompañan y que estas crecen. Les da enorme temor perder los privilegios que han utilizado para el enriquecimiento ilegal de una clase política que ya no es capaz de gobernar a Colombia.

Las acciones de la Contraloría no nos inhabilitan ni para inscribirnos ni para ejercer el cargo de Presidente de la República. Las inhabilidades para ser Presidente son taxativas y están descritas en la Constitución Nacional, la deuda fiscal no aparece en ellas.

Pero con esas acciones arbitrarias buscan construir en el imaginario ciudadano el que gobernamos mal o fuimos descuidados con los recursos del pueblo.

Buscan ocultar que son ellos los que han dejado morir centenares de niños de hambre en la Guajira, que han entregado territorios completos a las mafias de la corrupción y del narcotráfico, que dilapidaron miles de millones de dólares en negocios como los de Reficar, las concesiones 4G con sus contratistas de siempre: Odebrecht, Sarmiento, Solarte, que usufructúan el negocio de los recaudos de transporte, del saneamiento básico, con protección de otro de sus integrantes de su policía política, el señor Robledo de la SIC; que entregaron con procedimientos corruptos y contra el interés general de la Nación y de los colombianos Isagen y Cafesalud.

La policía política de esa corrupción es la que nos persigue. Tenemos la conciencia tranquila, pero la gravedad de su acción nos demuestra que no tenemos más opción que ganar